Los ataques cibernéticos, que bloquearon el mes pasado el oleoducto de la Costa Este de Estados Unidos, y el de la compañía JBS que suministra el 20 % de la carne que consume el país, se plantearon por la mayoría de los medios como un fenómeno inesperado, con Rusia como culpable. En realidad, no fueron sino episodios singulares de un fenómeno, la cibercriminalidad, que sacude desde hace dos décadas a diferentes partes del mundo, afectando a hospitales, istraciones públicas, oleoductos, depuradoras, bancos, etc., incrementado hasta un 300 % desde 2020, y para la que los Estados parecen sobrepasados e incapaces de emprender políticas eficaces.
En las últimas semanas se han producido multitud de ‘incidentes’ de ciberataques de envergadura. En Irlanda, el Servicio Público de Salud ha tenido que detener su sistema informático, anulando miles de citas y operaciones. Los cibercriminales piden 20 millones de euros de rescate. Algo parecido ha sucedido en Francia. En Suiza, decenas de empresas han sido atacadas. En Estados Unidos, 6 departamentos de la istración, incluidos Defensa, Estado, Comercio y Tesoro, han sido bloqueados en sus sistemas informáticos. En España permanecen paralizados en parte, desde principio de este mes, los sistemas informáticos del Ministerio del Trabajo y el Sistema Estatal de Empleo, como antes lo fueron el Ministerio de Asuntos Económicos y el Consejo de Seguridad Nuclear.
La propia Rusia ha sido víctima de ciberataques de grupos mafiosos residentes en su territorio que les costaron en 2020, según cifras oficiales, 39.500 euros, el equivalente al 75 % de los fondos necesarios para enderezar la economía rusa después de la pandemia.
En todos los casos, los cibercriminales exigen un rescate para suministrar elementos que liberen los sistemas y, según medios como el Financial Times, correspondería a la nueva ciberdelincuencia el 90 % de los delitos, aunque haya participación de Estados en el 10 % restante. Se alude en primer lugar a Corea del Norte, con varias universidades tecnológicas dedicadas a formar grupos selectos de hackers, unos 6.800 en ejercicio, de los que 400 serían militares y que según la prensa surcoreana nutrirían las arcas de Kim Jong-un. Luego hay países cómplices que sirven de refugio a las organizaciones de cibergánsteres, entre los que, además de Corea del Norte y Rusia, estarían Irán, China o Filipinas.
Según diversos expertos, la explosión de la cibercrimiladidad desde el año pasado se ha producido por la digitalización acelerada por la pandemia, que ha cambiado las formas de trabajo, por la dependencia creciente hacia las tecnologías en red y por la externalización de los sistemas informáticos. Para los cibercriminales, estos fenómenos constituyen un filón para su actuación en un momento en que parecen haberse fusionado con los grandes grupos mafiosos tradicionales.
Urge, frente a este fenómeno global, una respuesta concertada a escala mundial. En definitiva, como señala la analista Claire Carrand, “es en torno a nuestros datos donde se juega todo. Nuestras vidas, cada vez más conectadas, están expuestas a este desastre”.
P. S. La resaca de una cumbre. Los presidentes Biden y Putin abordaron en su primera reunión el problema de la cibercriminalidad, de la que Rusia se declaró tan víctima como EE. UU. Ambos mandatarios acordaron abrir “canales de comunicación” para combatir esta amenaza. Poco más dio de sí la primera cumbre de los presidentes ruso y estadounidense: la vuelta de los embajadores y un difuso interés en reanudar las negociaciones sobre la limitación de armas nucleares. Nada que altere el profundo desencuentro existente, con los derechos humanos como arma arrojadiza, pero sin avances tangibles. Por cierto que la semana pasada, a los pocos días de la cumbre, el asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, anunció nuevas sanciones a Rusia por el caso del opositor encarcelado Navalni, amenazando con las “devastadoras consecuencias” que tendría para Rusia su eventual fallecimiento.
Las espadas siguen en alto.
Antonio Albiñana