¿Cómo debe ser una reforma tributaria progresiva?

Un artículo de ‘Columbia Journal of Tax Law’ (Benshalom y Stead, 2018) afirma que “el régimen del impuesto a la renta es un instrumento vital para lograr la redistribución en las democracias liberales, por lo que académicos y legisladores deberían ver un análisis distributivo concreto de sus atributos como una necesidad”. El texto refuta las, por lo menos, 16 reformas tributarias que en los últimos 27 años han maltratado impunemente el artículo 363 de la Constitución: “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”.

Dicha deformación, justificada al tenor de la eficiencia, causó que en el sistema tributario nacional no predomine el impuesto de renta. Veamos: con base en información de la Dian del año gravable 2016, que se registra en 2017, cuando solo se aplicaron los impuestos indirectos, quedando pendiente el de renta para las declaraciones del 2018, el recaudo total fue de $ 136 billones. El IVA (externo + interno), el de combustibles, los aranceles, el impuesto al consumo y el cuatro por mil sumaron $ 70 billones, mientras que el de renta, el Cree y el de riqueza, estos últimos en vías de extinción, llegaron a $ 66 billones. La brecha entre ambos se seguirá ahondando.

Así mismo, en 2017, el impuesto de renta a cargo de personas jurídicas ‒de acuerdo con la Dian‒ facturó $ 23 billones, frente a una renta líquida de $ 104 billones, lo cual significa una tasa efectiva promedio del 22 por ciento, lejos de la nominal de más del 40 por ciento que regía en 2016 y también alejada en sectores claves, por ejemplo, el de los bancos en 2015, con el 16,9 por ciento (Villabona). Iniquidad presente además en las personas naturales, como entre las obligadas a llevar contabilidad, donde los asalariados, con $ 248.000 millones de ingresos totales, tuvieron un impuesto a cargo de $ 19.498 millones, el 7,8 por ciento, insólitamente similar al de los rentistas del capital, con ingresos por $ 726.000 millones, con tributo de renta por $ 58.300 millones, de lo que resulta una tasa del 8 por ciento.

Está comprobado que Colombia va en contravía de la progresividad, ordenada expresamente por la norma constitucional, como ha ocurrido también en Estados Unidos desde 1960-1970, donde, según Piketty, se produjo “caída en los impuestos corporativos y en los impuestos a las sucesiones y donaciones combinada con un fuerte cambio en la composición de los principales ingresos lejos del ingreso del capital y hacia el ingreso laboral”. Es la línea continuada por Trump, así como la plasmada en la reforma tributaria del 2016 en Colombia y la propuesta por candidatos como Vargas, Duque y otros.

Un grupo de trabajo (R. Barrera, N. Moreno y M. Hoyos) construyó un bosquejo de trazado tributario hacia la progresividad. Ellos sugieren, en primera instancia, sabiendo que el Gini de las utilidades empresariales es mayor a 0,8, que se fije una tarifa esa sí progresiva, favoreciendo a las pymes, poniendo a las mayores contribuyentes el 36 por ciento y descendiendo en escala hasta 22 por ciento, con lo cual incluso el recaudo crecería y no sería cero, como está proyectado entre 2017 y 2022.

Así mismo, proponen, con Piketty, gravar el patrimonio-riqueza de personas naturales en el exterior que buscan ‘despatrimonializarse’, como en el caso de los papeles de Panamá y otros modelos paradisíacos. El mundo discute la tarifa tributaria respectiva, particularmente para activos de inversión, que, como se muestra en muchos países, se concentran en el 1 por ciento más adinerado.

También sugieren acabar de eliminar los estrambóticos privilegios consignados en los ‘contratos de estabilidad jurídica’; elevar impuestos a las grandes sucesiones; suprimir ‒como se vio‒ las excesivas deducciones, cuyo costo fiscal se estimó entre 2000 y 2015 en más de $ 120 billones (Villabona y Quimbay) y alzar la carga impositiva a los dividendos. Plantean, como Piketty, retomar el gravamen a los giros de capital al exterior de ganancias de firmas transnacionales, anulado por Uribe y Carrasquilla en 2006, que para 2017, aplicando solo 7 por ciento a los 13.641 millones de dólares ‒la renta remitida‒ recabaría $ 3 billones, un tercio del producto del alza del IVA del 16 al 19 por ciento.

Sergio Fajardo ha convocado un diálogo general para elaborar la reforma fiscal indispensable y este análisis pretende contribuir con fundamento para avanzar hacia la equidad y hacia una efectiva redistribución del bienestar, lo cual es el fin mínimo que debe buscarse en el presente orden económico y social.

AURELIO SUÁREZ MONTOYA