Balance de la reforma pensional

El Congreso aprobó una reforma pensional que corrige regresividades en beneficios al eliminar subsidios para cotizantes de +2,3 s. m. l. (un 15 % del total). Sin embargo, esta corrección es inferior a obligaciones que se incrementaron para el restante 85 %. El resultado ha sido un +27 % del PIB (en VPN, durante 2024-2100), llevando el déficit pensional contributivo al 104 % del PIB.

Además, la “renta básica” solidaria y apoyos al semicontributivo generarán faltantes por +45 % del PIB, luego el costo total pensional será de 166 % del PIB, según carta del Ministerio de Hacienda (MH) endosando tal reforma. Pero un año atrás, el MH decía que el costo adicional era nulo, obnubilado como estaba Ocampo por darle caja a Colpensiones.

La reforma aprobada acertó al corregir inequidades contributivas, aboliendo aportes de estratos bajos de 1,5 % al FGP Mín., pues sus beneficios no les llegaban. En ausencia de tal regresividad, los retornos hubieran sido hasta +2 puntos reales, lo cual habría mejorado probabilidad de alcanzar rentas vitalicias, que solo una tercera parte han logrado.

Pero seguirá siendo un grave problema la baja probabilidad pensional en Colombia, atada a una informalidad laboral tan alta como 60 %. De hecho, la reforma laboral, en la cual insiste el petrismo, estará agravando esta situación al encarecer hasta en 20 % la contratación laboral. Nótese que las AFP honraron su compromiso histórico al obtener retornos reales para sus ahorradores del 6 % real anual en últimas tres décadas (netos de inflación y comisiones de istración). Y, sin embargo, los montos ahorrados solo están permitiendo pensionar a uno de cada tres, debido a la baja densidad de sus cotizaciones (prácticamente la mitad del tiempo requerido para ello).

La paradoja es que, habiendo fracasado el régimen contributivo por cuenta de la informalidad laboral, la ley optó, primero, por habilitar posiciones de ahorros insuficiente para halar pensiones vitalicias, y segundo, se volcó sobre la “renta básica” solidaria. Se aplicó la filosofía financiera de Pambelé: como la plata ahorrada no alcanzaba, entonces mejor regalémosla a todos.

Al mermarse los aportes al fondo solidario e incrementar los beneficiarios, se requerirá mayor tributación para honrar esas crecientes obligaciones. El régimen pensional público total asciende hoy a 6 % del PIB, donde Colpensiones representa dos terceras partes del problema. Nótese que este gasto ya compromete un tercio de la tributación (similar a lo que ocurre en España o Francia), pero la diferencia es que allá las coberturas son del 80 % (no del 30 %). Y, además, allá sus pirámides demográficas son maduras, donde los de más de 60 años representan el 40 % de la población y no el 15 % nuestro. Dicho de otra manera, nos gastamos la plata pensional prematuramente y beneficiando a pocos.

Se proyecta que, en un par de décadas, las obligaciones pensionales escalarán a 7,5 % del PIB, luego Colombia tendrá que elevar la tasa del IVA al 21 % para evitar que el solo gasto pensional se lleve más del 40 % de la tributación. Nótese que esta “bomba pensional” se estará activando simplemente al tratar de elevar la población beneficiada (incluyendo subsidios) del actual 30 % hacia el 50 % del total, aún lejos del 65 % observado en América Latina.

Esto ocurre debido a que se postergaron urgentes ajustes paramétricos relacionados con incrementos en la edad pensional (la cual debe elevarse de los 57/62 años Mujer/Hombre hacia los 63/65). Y el segundo problema de la ley aprobada es que tampoco corrigió subsidios hasta del 50 % en la franja cercana a pensiones de 1 s. m. l., donde se continuará con la pesada carga de pagar una tasa de reemplazo equivalente al 100 % (= beneficios/cotizaciones), cuando la norma global está cerca del 75 % (como en Chile). En materia pensional, Colombia no ha logrado evitar el 'fiscal-child-abuse' a las nuevas generaciones.

SERGIO CLAVIJO

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