El pasado 7 de junio el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 927 Bogotá Camina Segura. Se trata del nuevo Plan de Desarrollo Territorial. Un documento compilatorio de los programas con los cuales ganó la alcaldía el candidato Galán.
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Su trámite fue liderado por una nueva generación de concejales y se convirtió en un buen ejemplo de consensos. El PDT sitúa a la ciudadanía en el centro de la gestión municipal. Plausible política dirigida a crear espacios de discusión entre la istración y la gente. Bogotá requiere gobernantes que gestionen los problemas en la calle, en conjunto con las comunidades.
El plan tiene cinco objetivos estratégicos. Lo encabeza la seguridad, sin duda la principal preocupación de todos. Después, desarrolla el concepto del potencial de la capital, es el capítulo que recoge los sectores con grandes oportunidades. En tercera instancia habla del “bien-estar”, un juego de palabras para señalar las inversiones sociales. En cuarto lugar, destaca la importancia del ordenamiento territorial, la acción climática y la integración regional. Concluye con un tema novedoso y esperanzador: recuperar la confianza en el gobierno distrital.
El plan no habla de programas sectoriales, habla de intervenciones transversales. Esta metodología de trabajo nos privó de un mensaje más contundente alrededor de la movilidad urbana. Se extraña, por la importancia que tiene para la ciudad, una declaración amplia e integral para atender el tema de la movilidad, ni siquiera hace parte de los objetivos estratégicos.
Sin embargo, a pesar de la omisión, el plan trae buenas noticias para la ciudad. Su énfasis está en el transporte masivo y la movilidad sostenible. También reconoce, por primera vez en varios años, la importancia de realizar inversiones en la infraestructura vial. Revive la ALO y el corredor vial por la carrera séptima, se compromete a reparar la malla vial, impulsar ciclorrutas y resuelve vacíos que podrían afectar el proyecto Metro.
La ciudad fortalecerá el Centro de Gestión de Tráfico y creará una política de medición de tiempos en cabeza de la Secretaría de Movilidad. La cantidad de obras en ejecución impidió un compromiso con indicadores puntuales.
El PDT trajo buenas noticias para la ciudadanía, optimismo para los empresarios y audacia para los gestores políticos. El siglo XXI ofrece un nuevo aire para las regiones y una menor dependencia del orden nacional.
Mantener el beneficio del pico y placa ambiental fue coherente con los logros en materia de transición energética. A pesar de la caída de las ventas, la movilidad sostenible crece al 30 % anual, un éxito de la política pública. No obstante, es un triunfo agridulce porque la participación de los vehículos de cero y bajas emisiones no llega al 2 % del parque automotor registrado en el Runt, hay que persistir.
Merece capítulo aparte la invitación que la istración le hace al empresariado. La nueva istración rompe veto al sector privado y, en esta oportunidad, lo considera un buen vecino para alcanzar las inversiones en infraestructura, movilidad y sostenibilidad que se necesitan.
Llegó el momento de adoptar los peajes urbanos para actualizar la vetusta red vial, incentivar las obras por impuestos, crear la red de electrolineras, integrar los sistemas de transporte masivo, regular los bicitaxis, extender los corredores verdes y emprender la renovación urbana que demanda Bogotá. Los directivos de la Alcaldía tendrán que resolver el mecanismo para la presentación y evaluación de las APP y, desde luego, la definición del banco de proyectos.
El PDT trajo buenas noticias para la ciudadanía, optimismo para los empresarios y audacia para los gestores políticos. El siglo XXI ofrece un nuevo aire para las regiones y una menor dependencia del orden nacional.