La prioridad es la informalidad

Entre los muchos problemas que tiene Colombia, el más grave, tal vez, es el de la informalidad. En todos los frentes. Nos acostumbramos a vivir en una sociedad tremendamente fragmentada, en donde coexisten lo formal y lo informal pero prima la informalidad.

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Hay un enorme mundo informal. Las leyes, las políticas públicas y las reglamentaciones se aplican en el segmento formal de la economía, y son tantas las cargas que pesan sobre la formalidad que terminan ampliando el espacio a la informalidad.

No obstante el énfasis que otorgan el presidente Petro y su gobierno al bienestar de las clases populares, cambios como la modificación del pago de las horas extras nocturnas para que cuenten a partir de las seis de la tarde y no de las nueve de la noche, que benefician a los trabajadores formales que mantengan su empleo, van en contra de la formalidad. Al elevar más los costos de contratación laboral, aumentarán el desempleo, la informalidad y la pobreza.

A la nueva ministra del Trabajo, que viene del sector sindical, parece tenerla sin cuidado la informalidad. Pasa por alto que el 63 por ciento de la fuerza de trabajo en Colombia está excluida de los programas de protección social en Colombia, de acuerdo con el ‘Informe regional de desarrollo humano 2021’, del PNUD. Es decir, no cuenta con contrato de trabajo, está en la informalidad. Este es un aberrante factor de inequidad económica y social. Además, como lo concluye el mismo informe, “los mercados laborales segmentados no solo son una fuente de desigualdad, sino también uno de los factores que contribuyen al bajo crecimiento de la productividad”. En otras palabras, la informalidad laboral atenta contra la equidad y contra el crecimiento económico.

En una entrevista de Marcela Meléndez –la economista colombiana autora principal del informe en cuestión– al periódico digital Contexto, afirmaba que “siempre que desde la política pública se toman decisiones pensando que al defender a los trabajadores que ganan salario mínimo se defiende a los más pobres, en efecto los más pobres quedan desprotegidos” (15 de septiembre de 2021). Este concepto se aplica al asunto de las horas extras y los recargos de dominicales y festivos: no favorece a los más pobres sino que, por el contrario, los afecta.

Un gobierno de izquierda que busca el cambio social debería dar prioridad a la informalidad laboral y a reducir, en vez de ampliar, la segmentación de los mercados laborales. Este debería ser el propósito de la reforma. Hay opciones como las planteadas por Fedesarrollo en sus documentos ‘¿Qué hacer en políticas públicas?’, uno de los cuales se refiere precisamente al mercado laboral y recomienda introducir cambios en las contribuciones a la seguridad social en la salud y en las pensiones para asegurar que todos los trabajadores tengan a la protección social. Una propuesta clave es eliminar la restricción del ingreso base de cotización de un salario mínimo mensual en el régimen pensional, que genera la segmentación entre los trabajadores con y sin derecho a una pensión.

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La prueba de fuego para el nuevo gobierno, en donde se calibrarán sus verdaderas intenciones con respecto al bienestar colectivo, será la decisión sobre salario mínimo en diciembre, en una coyuntura especialmente compleja por la inflación. Ojalá tenga presente que el 50 por ciento de los trabajadores colombianos ganan menos de un salario mínimo, que el 93 por ciento de estos trabajadores son informales, y que el incremento reciente de la productividad laboral es atribuible a empleos que se perdieron en la pandemia y nunca se recuperaron. Y ojalá, también, se entienda que la deuda histórica de la Nación es con los trabajadores informales y no con los sindicalizados.

CARLOS CABALLERO ARGÁEZ