No nos quitemos el sacoleva

La institucionalidad busca canalizar las naturales controversias públicas de una sociedad a través de un marco de juridicidad que evite que esos desacuerdos se diriman mediante acciones distintas a las del debate sereno y constructivo, en donde se respeten las instancias y se garantice el derecho de cada instancia. Los que somos parte de esa institucionalidad nos debemos a ella y debemos procurar que las inevitables posturas políticas se atemperen en el marco sosegado de esas instituciones.

Colombia ha logrado mantener su institucionalidad contra viento y marea en medio de poderosos desafíos como los del narcotráfico, los grupos irregulares y el terrorismo, que fueron enfrentados y les costaron la vida a muchos funcionarios que buscaron protegerla. No podemos ahora permitir que se desinstitucionalice el país señalando a un poder u otro porque no hacen lo que queremos, en el tiempo y con el resultado que deseamos.

La institucionalidad se fundamenta en gran parte en la separación de poderes y en el respeto a la competencia de cada uno de ellos. Ignorar eso no le hace bien a nadie y debilita nuestra institucionalidad. Esa misma que con tanto esfuerzo hemos resguardado a través del tiempo.

La tecnología ha puesto al alcance de los ciudadanos herramientas que facilitan la difusión de sus opiniones, pero lamentablemente muchas veces están marcadas por la efervescencia del momento, que poco contribuye al tranquilo e informado debate público. Caer en ello es algo inevitable en el ciudadano de a pie, pero es algo de lo que debe cuidarse el funcionario público, pues su investidura, la vocería que la democracia le ha entregado y la visibilidad de sus actuaciones le exigen mayor responsabilidad en lo que dice, incluso en lo que deja de decir.

Existe un adagio popular que dice que el problema no radica en lo que se dice, sino en cómo se dice. Por lo tanto, estos puntos de vista opuestos y contradictorios son absolutamente necesarios y valiosos en las sociedades democráticas. El derecho a plantear nuestras posturas y defenderlas es esencial y no debe ser restringido de ninguna manera.

Instigar a la población desde el poder es algo riesgoso en la medida en que es algo que sabemos en dónde empieza, pero no en dónde termina. Así, por ejemplo, debemos resguardar el contexto de tranquilidad que requieren los jueces para adoptar sus decisiones y no alterar ese escenario con presiones políticas o coacciones de cualquier naturaleza. Es importante rodear a los poderes públicos para que cumplan su función sin intromisiones ajenas a su devenir institucional.

Decía el maestro Darío Echandía que nuestra democracia era un orangután con sacoleva. No dejemos que el orangután se quite el sacoleva y pretenda imponer su voluntad por la fuerza o la intimidación. En ese sentido, es interesante la propuesta del senador Humberto de la Calle de concedernos como sociedad tres días de silencio; el primero para calmarnos, el segundo para reflexionar más profundamente, organizar nuestras ideas y evaluar el impacto de nuestras palabras, y el tercero para planear una solución pensada para el país.

El diálogo constructivo de los voceros públicos es lo que muchos colombianos necesitan como referente para resolver sus propios conflictos. Pongamos al país por encima de esta discusión. No podemos pretender politizar todos los escenarios de la vida pública institucional. La Defensoría del Pueblo está preparada para apoyar ese diálogo.

CARLOS CAMARGO ASSIS

Defensor del Pueblo

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