Del hecho al derecho

En cualquier escenario en donde interactúan seres humanos hay conflictos y posibles vulneraciones de derechos que se deben anticipar y regular, en búsqueda de caminos de reparación y no repetición efectivos.

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La tecnología ha puesto a disposición de las personas escenarios en donde esa interacción se da en forma cotidiana y multitudinaria; en este ámbito sí que cobra vigencia el viejo aforismo latino de ex facto oritur ius, esto es, ‘del hecho nace el derecho’. Los escenarios digitales están llenos de hechos que necesitan, con urgencia, derechos.

El promedio nacional gasta 9 horas y 38 minutos al día usando internet en cualquier dispositivo; en otras palabras, casi tres días completos a la semana, muy por encima del promedio mundial: 6 horas y 58 minutos. En la primera cifra se encuentran inmersos los 32 millones que están en Facebook, los 409.000 de TikTok, los 12 millones de Instagram y los más de 3 millones de Twitter, entre otras redes.

Estamos hablando, entonces, de millones de colombianos inermes, de los que 26,9 por ciento son menores de edad. Se supondría que estas plataformas no permiten menores, pero sus políticas revelan lo contrario y, paralelamente, existe una realidad oculta en la que estos jóvenes, niños y niñas falsean sus edades para entrar a la red e interactuar con sus amigos, que ya están en línea, y en búsqueda de entablar nuevas relaciones.

No podemos mirar para otro lado y hacer de cuenta que no está pasando. Esos medios se han vuelto escenarios en donde la gente ejerce derechos y realiza libertades, especialmente la de expresión, sin embargo, también son objeto de violaciones de derechos, como el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la protección de datos y a esa misma libertad de expresión, que se ve desnaturalizada mediante discursos de odio, xenofobia, aporofobia, acoso y un largo etcétera que se agrava por la enorme capacidad de difusión de esos perímetros.

Las víctimas de estas conductas tienen muy pocos caminos, por no decir que ninguno, para enfrentar las vulneraciones en forma efectiva y con vocación de reparación. Este vacío se evidencia cuando la víctima sale a pedir solidaridad de los demás s, para lograr la suspensión de la cuenta que lo agravió.

En un Estado de derecho eso no debería suceder. En esos momentos las personas deberían tener claro cuáles son los caminos con los que cuentan, para exigir el respeto a sus derechos, sobre todo cuando, según Microsoft, tenemos uno de los peores índices de civilidad digital en el mundo, con más del 80 por ciento de los s cometiendo algún tipo de falta en línea y en donde más del 66 por ciento de los internautas dicen haber sido víctimas de algún abuso digital.

Como ven, es mucho lo que hay que hacer, analizar, proponer y desarrollar. Esa es la razón por la cual hemos abierto en la Defensoría del Pueblo la Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, para establecer marcos de colaboración entre el Estado colombiano, las redes sociales y las empresas basadas en nuevas tecnologías, y así centralizar la información de las entidades del Estado en torno a la protección y promoción de derechos humanos en ambientes digitales y para generar campañas de pedagogía, encaminadas a la prevención y reparación de las víctimas de derechos vulnerados en contextos digitales.

Vamos a sintonizarnos más con esos millones de colombianos que viven parte de su vida en esos escenarios y necesitan que los acompañemos, los protejamos y hagamos efectivos sus derechos en esos lugares, ¡y esto es precisamente lo que vamos a hacer; estamos conectados!

CARLOS CAMARGO ASSIS

* Defensor del Pueblo

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