¿Y los derechos de la mamá?

Los ministerios de Salud y Educación cumplieron en junio con la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó reglamentar el proceso para garantizar los derechos sexuales de las personas en condición de discapacidad y llevar a lectura fácil el fallo que prohibió la esterilización de una menor de edad con síndrome de Down a quien su mamá pedía practicar este procedimiento, ya que el método anticonceptivo implantado le provocó reacciones adversas. Se da por entendido entonces que, dentro de un año, cuando la joven sea mayor de edad, luego de ver esta imagen: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ambientes_aprendi/repositorio_recursos/lecturafacil.pdf pueda decidir si quiere tener hijos o no y cómo quiere su vida sexual.

Aunque la reglamentación se acoge a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, basada en el principio “Nada sobre nosotros sin nosotros” y la cual determina que los “déficits de capacidad mental no deben utilizarse como justificación para negar la capacidad jurídica”, me pregunto si no se le está vulnerando algún derecho a la madre de la joven. Ella, preocupada por la posibilidad de sumar un embarazo no planeado a las complejas condiciones de un hogar humilde en el que brindarle los cuidados adecuados a una persona con síndrome de Down es ya un desafío, decidió que lo mejor era eliminar la posibilidad de concebir.

Una búsqueda rápida me muestra casos recientes en Cota, Guapotá, Neiva y Montenegro en los que hombres abusaron de mujeres en condición de discapacidad.

En uno de esos casos, la víctima quedó en embarazo; su bebé, que también nació con discapacidad, fue dado en adopción al Bienestar Familiar. El Instituto de Medicina Legal dice que de los 21.399 casos de presunto abuso sexual reportados en 2016, 1,4 por ciento fueron en personas con discapacidad. ¡Cómo no entender a la madre de la niña!, por supuesto que esterilizar a su hija no la blinda de ser violada, pero sí evita un potencial empeoramiento de su situación. Además, dado que la joven probablemente no pueda cuidar de un hijo, se estaría de facto obligando a la madre a hacerse cargo de un bebé que no quiere tener. Me pregunto si una persona con discapacidad cognitiva avanzada puede, aun con métodos de información adaptados a su condición, entender las implicaciones de tener sexo sin protección y de traer un hijo al mundo. ¿Acaso sus hijos no tienen derecho a tener padres que puedan brindarles completo apoyo?

Representantes de EPS, clínicas, médicos y organizaciones que representan a personas con discapacidad discutieron el contenido de la resolución y coinciden en que este es un avance que no se debe ver en función de los casos más complejos, sino como solución a la constante discriminación a la que están sometidos los alrededor de 3’100.000 colombianos en condición de discapacidad. Cuando no los ven como asexuados, los ven como hipersexuados. Eso pensó Olga Montes, representante ante el Consejo Nacional de Discapacidad de organizaciones con discapacidad múltiple, cuando salió de su más reciente consulta al médico con una orden de tubectomía (ligadura de trompas) sin que este siquiera le hubiera preguntado si consideraba planificar de esa forma.

Si bien un sondeo hecho a jóvenes con discapacidad, que recibieron de Profamilia información sobre planificación familiar adaptada a sus necesidades, arrojó que la mayoría cree que tener hijos no es lo más conveniente para ellos, no puedo dejar de pensar qué pasará con los que sí quieren y con los padres de algunos de ellos que ven en la esterilización una opción para afrontar la realidad de tener un hijo que va a ser su dependiente toda la vida.

CLAUDIA PALACIOS