Retirarse del Ciadi, una decisión política que trae más problemas que soluciones

El Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) es una institución del Banco Mundial en la que se han ventilado la mayoría de los arbitrajes internacionales de inversión iniciados en contra del Estado colombiano con un balance positivo. Antes de la notificación del laudo de la compañía española Telefónica, en 13 casos Colombia había logrado evitar el pago total de las millonarias condenas reclamadas por los inversionistas. Lo que significó siete años de una tasa de éxito del 98 por ciento respecto a los montos reclamados en los arbitrajes.

Esto se logró a partir de la implementación de un modelo de defensa basado en el balance, la disciplina y la coherencia. La efectividad del modelo de defensa de Colombia es destacada y reconocida internacionalmente. En las Guías de Global Arbitration Review se publicó un artículo escrito por el equipo de defensa de Colombia sobre el manejo de las controversias internacionales de inversión, y durante una sesión del grupo 3 de trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI), los Estados Unidos invitó a Colombia a presentar ante los demás Estados su modelo de defensa. 

Hasta ahora Colombia ha sabido utilizar muy bien las herramientas que el sistema internacional de arreglo de diferencias inversionista-Estado ofrece. Sin embargo, en algún momento iba a llegar un laudo en el que Colombia iba a tener que pagar la totalidad de las pretensiones reclamadas por el inversionista.

Era previsible que una vez llegara este momento se prenderían todas las alarmas para identificar cursos de acción para abordar esta circunstancia. La gran mayoría de los Estados latinoamericanos ya han pasado por acá. La reacción del Gobierno de anunciar un posible retiro del Ciadi es poco original. La denuncia del Ciadi es una decisión que ya ha sido aplicada por nuestros vecinos sin lograr el resultado deseado, el cual es reducir las demandas internacionales de inversión en contra de Colombia.

La experiencia de nuestros países vecinos nos enseña que denunciar el Ciadi no es una herramienta efectiva para que los conflictos relativos a las inversiones sean resueltos bajo la justicia colombiana, como lo pretende el presidente Petro. Bolivia, Venezuela, Ecuador y recientemente Honduras han decidido tomar esta decisión, que puede ser bastante taquillera ante algunos sectores de la población, pero en realidad no es efectiva para reducir los arbitrajes internacionales de inversión.

Desde que Venezuela envió la notificación oficial escrita expresando la denuncia del convenio Ciadi se registraron 26 arbitrajes internacionales en su contra. Después de que Ecuador denunciara el convenio Ciadi se registraron 13 arbitrajes internacionales de inversión en su contra.

La experiencia de Venezuela y Ecuador son un referente sobre el comportamiento de los arbitrajes de inversión con respecto a la decisión de denunciar el Ciadi. Curiosamente, Ecuador intentó regresar al convenio Ciadi el 21 de junio de 2021, diez años después de haberlo denunciado. 

El retiro del convenio Ciadi no excluye la posibilidad de que el inversionista inicie arbitrajes bajo reglas CNUDMI ante la Corte Permanente de Arbitraje u otra institución a. Es por ello por lo que, entre otras cosas, salir del Ciadi ha probado ser una medida equivocada para reducir las demandas internacionales ante tribunales de inversión. Al contrario, las incrementa porque envía señales de desprotección al sistema internacional y crea pánico entre los inversionistas, lo cual incentiva la presentación de reclamos internacionales.

Para lo que sí contribuye esta medida es para impactar la inversión extranjera. Salirse del Ciadi es decirles a los inversionistas extranjeros que Colombia reduce su protección. El sistema internacional es importante para disciplinar a los Estados y dar garantías a los ciudadanos. El propio presidente Petro recurrió al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para cuestionar decisiones adoptadas internamente por el Estado colombiano.

El sistema internacional de resolución de controversias inversionista-Estado se creó para resolver de forma pacífica las disputas internacionales, de forma independiente a la geopolítica internacional. De hecho, en el 2023, un inversionista ucraniano inició un arbitraje internacional de inversión en contra de la Federación Rusa.

Además, no debe olvidarse que la protección ofrecida por los acuerdos internacionales de inversión es importante tanto para atraer inversión extranjera como para proteger a los inversionistas colombianos en el exterior. Este gobierno lo sabe y por eso una de las primeras medidas internacionales fue firmar en febrero de 2023 un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones con Venezuela, el cual en su artículo 12 contempla el arbitraje de inversión como método para resolver diferencias de los inversionistas venezolanos contra Colombia y de los colombianos contra Venezuela.

Los 19 acuerdos internacionales de inversión suscritos y vigentes para Colombia permiten no solo que inversionistas extranjeros demanden al Estado, sino que los colombianos en el exterior demanden a los Estados receptores de su inversión que en un debido momento tomen medidas arbitrarias que impacten su inversión. Ser parte del Ciadi permite a inversionistas extranjeros demandar a Colombia, pero también a inversionistas colombianos demandar a otros Estados donde tienen inversión.

Retirar a Colombia del Ciadi no resuelve las demandas y eventuales condenas en contra del Estado. Cuando un Estado recibe un laudo millonario sí debe analizar la situación y tomar medidas legítimas dirigidas a evitar a toda costa tener que pagar condenas millonarias. Las decisiones que se tomen en respuesta a una condena deben ser balanceadas, coherentes y disciplinadas. Retirarse del Ciadi sin considerar sus posibles impactos es dañino para Colombia. El Gobierno debe revisar la situación proponiendo alternativas que realmente ponderen la causa efecto de sus decisiones y estén sujetas a una política frente a la inversión extranjera que vaya en línea con la forma en la que Colombia se ha aproximado al sistema internacional. 

ANA MARÍA ORDÓÑEZ PUENTES