Deben renunciar

En un riguroso y detallado informe de imputación de cargos ante el juez, la fiscal Andrea Muñoz, a cargo del caso del saqueo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), describió un entramado delincuencial enquistado en el entorno del presidente Gustavo Petro: “Fue una organización criminal que tuvo como propósito direccionar la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros”.

La acusadora señaló a dos figuras del alto gobierno, conocidas por su estrecha relación personal con Petro: el director nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien para la época del robo era el jefe istrativo de la Presidencia, y César Manrique, director de la Función Pública, quien ayudó al mandatario a brincarse los requisitos para nombrar embajadores a personajes como Álvaro Moisés Ninco, designado en México.

De entera confianza de Petro, el minhacienda, Ricardo Bonilla, aparece en el auto de la Fiscalía como “determinante” para la entrega de multimillonarios contratos en la UNGRD en los que tenían interés congresistas de las comisiones terceras de Cámara y Senado, encargadas de aprobar los proyectos que Bonilla presentaba. Así los compraban.

De taquito, salen salpicados el exmininterior Luis Fernando Velasco y la mintrabajo, Gloria Ramírez, que participaron en reuniones donde se tejió el entramado. Así como varios asesores del alto gobierno y nueve congresistas, entre ellos Iván Name y Andrés Calle, que presidían Senado y Cámara, sindicados de recibir maletas con plata.

Las acusaciones son tan graves como contundente el material probatorio. Provienen de una Fiscalía liderada, desde hace cuatro meses, por Luz Adriana Camargo, propuesta por Petro en la terna que envió a la Corte Suprema: nadie puede hablar aquí de persecución política.

Todos los señalados deben renunciar. Apunta a ellos una investigación juiciosa, cargada de pruebas y de testimonios de los dos principales acusados, Olmedo López –nombrado por Petro– y Sneyder Pinilla, que estaban a la cabeza de la UNGRD. No tiene sentido que los servicios de inteligencia sigan en manos de González –acusado de ordenar sobornos a congresistas–, ni la Función Pública en las de Manrique. En cuanto a Bonilla, ¿cómo puede seguir a cargo de las finanzas públicas tras estos señalamientos, cuando urge tapar un hueco fiscal de $ 20 billones?

En cuanto a los congresistas untados, si carecen de la entereza para abandonar sus curules, al menos deben dejar de aprobar los proyectos del Gobierno, porque sobre esos votos pesa desde ya mucho más que una sospecha. Casi todos pertenecen a partidos no petristas –Liberal, Conservador, Verde, ‘la U’–, y casi todos desoyeron a las directivas de sus colectividades que les pedían no votar las nefastas reformas.

¿Y el Presidente? Lo deja muy mal parado que entre los involucrados aparezcan personas de su entraña. Si todo fue a sus espaldas, entonces Petro no tiene idea de lo que ocurre en su gobierno. Una reciente encuesta de Opinómetro arroja luces sobre el juicio de la opinión: 52 % cree que él sabía lo que pasaba en la UNGRD, y solo 28 %, que lo ignoraba.

La acusación de la fiscal Muñoz es, además, una advertencia al nuevo mininterior, Juan Fernando Cristo, quien estuvo muy activo en la labor de conseguir los votos para poner a Jaime Salamanca, amigote de Petro, en la presidencia de la Cámara. Formado en el clientelismo samperista, Cristo debe saber que la opinión vigilará cada uno de sus pasos, no vaya a ser que se enrede.

Pérdida. La muerte de Felipe Ossa, por décadas gerente de la Librería Nacional y el mejor librero que había en el país, es el fin de una era y una gran pérdida para el mundo editorial. Quienes hemos publicado libros (en mi caso, reportajes periodísticos y novelas) tuvimos la suerte de contar con su apoyo entusiasta y su generoso consejo.

MAURICIO VARGAS

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