Día Mundial de la Salud: cinco retos a nivel mundial

El Día Mundial de la Salud permite ampliar la mirada sobre los retos de la atención sanitaria. En Médicos Sin Fronteras (MSF) tenemos una perspectiva humanitaria que cuenta con la mirada de más de 70.000 personas en el mundo que trabajan en 74 países. Hace 54 años asistimos a poblaciones más vulnerables del mundo y, a su vez, tenemos proyectos en Colombia desde hace 40 años, cuando ocurrió la tragedia de Armero. De esta mirada global, me interesa señalar cinco desafíos.

Tras la pandemia del covid-19 en 2020, se suscitó un debate importante en torno al rol de los Estados en la atención sanitaria. Quedaron en evidencia dramática las desigualdades en el a la salud y a las vacunas, así como las barreras que persisten para las poblaciones más vulnerables y las grietas en la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud en el mundo. De acuerdo con datos recabados a 2021 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina y el Caribe, en promedio, los hogares deben cubrir el 28 % del gasto en salud con pagos directos y, de hecho, en 11 países este puede ser superior al 35 %. En nuestros proyectos, hemos visto cómo esta desigualdad afecta a comunidades que deben buscar formas de financiar tratamientos, muchas veces sin éxito, y cómo los sistemas de salud tienen numerosos puntos ciegos en zonas periféricas y rurales más inaccesibles. Cifras de 2022 de la misma fuente señalan que alrededor de 295 millones de personas en la región, es decir, el 29,3 % de la población, tenían necesidades de atención médica no satisfechas.

En los últimos años, en proyectos que hemos implementado en la región, como el de Chocó, en Colombia, o aquellos enfocados en la atención de migrantes, tanto en la selva del Darién como en México, hemos constatado esa desigualdad en el a la salud. Muchas familias no cuentan con recursos para afrontar enfermedades crónicas o sufren por alcanzar una atención de urgencias; casos como partos complicados, fracturas, mordeduras de serpiente, por tan solo mencionar algunos ejemplos, muchas veces quedan desatendidos.

El 25 de marzo, un terremoto de 7.7 de magnitud sacudió Birmania. La cifra oficial de muertos supera los 2.300. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al menos tres hospitales quedaron destruidos y 22 con daños importantes. En medio de la devastación de los desastres naturales, coordinar la llegada de asistencia de manera rápida y eficaz es imprescindible, pero a veces desafiante por falta de permisos. En la Franja de Gaza, donde estamos trabajando con más de 1.200 profesionales de la salud, el 69 % de todas las estructuras sanitarias están destruidas o dañadas. En otros contextos, como Ucrania, la situación tampoco es alentadora. Hoy, el sistema sanitario ucraniano se enfrenta a una inmensa presión. Durante tres años, los ataques con drones y misiles han sido frecuentes, y en algunos casos han golpeado ciudades situadas a más de 1.000 kilómetros de la línea del frente. Los centros y sistemas médicos se han visto obligados a adaptarse a tratar a los pacientes en búnkeres o sótanos, así como a sufrir frecuentes cortes de electricidad por los ataques a las infraestructuras energéticas.

En muchos casos, ya sea en Gaza, Ucrania o Sudán, los ataques a los hospitales hoy en día son deliberados o las partes beligerantes no muestran respeto por proteger a los centros médicos y a los trabajadores sanitarios de sus hostilidades. No hay espacios seguros.

En los 40 años que llevamos trabajando en Colombia, hemos visto de primera mano las consecuencias humanitarias del conflicto armado y las necesidades médicas que se acentúan por este flagelo. Hemos estado en Catatumbo, Caquetá, Tolima, Tumaco, Buenaventura, Mutatá, Alto Baudó, entre muchas poblaciones que se han visto obligadas a desplazarse o a confinarse por el conflicto y que pierden, entre otros derechos, el de acceder a la salud. A su vez, los centros médicos se han visto afectados, muchos se quedan sin personal y los vacíos en atención pueden tardar años en restablecerse.

En el este de la República Democrática del Congo, afectado por más de tres décadas de conflicto, unos 5,6 millones de personas se encuentran desplazadas en las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri. Más allá del impacto directo de la violencia en casos de personas heridas o víctimas de violencia sexual, la debilidad del sistema de salud y las dificultades que afronta la población para acceder a cuidados se traducen en epidemias recurrentes de cólera o sarampión y en una alta tasa de desnutrición infantil, como lo señalamos en nuestro reciente reporte sobre la situación humanitaria en Ituri.

En Sudán, donde desde hace casi dos años tiene lugar una guerra atroz, el estado de Darfur Sur está sufriendo una de las peores emergencias de salud materno-infantil del mundo. Entre enero y agosto de 2024, el número de muertes maternas notificadas en dos de los centros apoyados por MSF fue superior al registrado en todos los países de Europa Occidental en un año. La mayoría de muertes ocurrieron por causas evitables, como barreras para acceder a servicios médicos.

La crisis sanitaria que provocó la pandemia en 2020 también desencadenó una recesión global que impactó directamente la salud de millones de personas. Si bien las economías han comenzado a recuperarse lentamente, los fondos destinados a la salud siguen siendo insuficientes y ahora se enfrentan a mayores presiones por temas cada vez más complejos, como la crisis climática, el aumento de flujos migratorios y la agudización de conflictos en determinadas regiones, como Oriente Medio. A todo ello se suma la falta de solidaridad o el abandono por parte de algunos actores mundiales del multilateralismo y la cooperación para afrontar desafíos globales.

Recientemente se dio a conocer que el Gobierno de EE. UU. planea poner fin a su apoyo a Gavi, la Alianza para las Vacunas, que se creó hace 25 años para aumentar el a las vacunas en los países más pobres del mundo. Esta decisión, que figuraba en un documento que envió la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) al Congreso del país, tendría consecuencias devastadoras para los niños de todo el mundo.

Se calcula que Gavi ha salvado la vida de 17 millones de niños en los últimos 25 años. Así las cosas, se prevé que la pérdida del apoyo estadounidense impida la vacunación sistemática de aproximadamente 75 millones de niños en los próximos cinco años, lo que podría provocar la muerte de más de 1,2 millones de niños. De otro lado, la decisión del Gobierno estadounidense de congelar la financiación del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (Pepfar) pone en riesgo de muerte a millones de personas que requieren tratamientos para el VIH, la tuberculosis y la malaria.

A pesar de una disminución en la migración irregular en América Latina durante los últimos meses por los cambios en las políticas migratorias por parte de Estados Unidos y la incertidumbre que generaron, en las rutas de migración las personas siguen expuestas a múltiples formas de violencia, las cuales van desde la tortura hasta la violencia sexual, el robo, el secuestro y la extorsión. Nosotros hemos sido testigos de las graves consecuencias para su salud física y mental. Los equipos de MSF han denunciado estos impactos. Entre enero de 2024 y febrero de 2025, la organización atendió a casi 3.000 sobrevivientes de violencia sexual y realizó más de 20.000 consultas individuales de salud mental (muchas de ellas tuvieron la violencia como desencadenante) en todos sus proyectos en la ruta migratoria (México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá).

El a la salud para la población migrante es precario. En distintos puntos de las rutas, hemos encontrado pacientes con enfermedades crónicas sin tratamientos, casos de niños y niñas enfermos por tomar agua en mal estado, mujeres embarazadas o con bebés recién nacidos sin atención y, en muchos casos, personas que han perdido a familiares en la ruta, en algunas ocasiones por violencia extrema. De otro lado, mientras las políticas de disuasión de países europeos causan muertes en el Mediterráneo —donde, en 10 años, se han ahogado o desaparecido más de 30.000 personas —, muchos migrantes se ven obligados a buscar rutas clandestinas, en muchos casos más largas y peligrosas.

En MSF estamos constantemente tratando de adaptarnos a los cambios en las rutas migratorias, muy susceptibles a los virajes políticos, como el desencadenado desde principios de año por parte de Estados Unidos con la suspensión de facto del derecho al asilo y el cierre de su frontera con México. Al final, esto dificulta la atención en salud y se generan nuevos riesgos para los migrantes, quienes, como las poblaciones antes mencionadas, quedan invisibilizados y en situación de vulnerabilidad.

MÓNICA NEGRETE

Referente médico de MSF en América Latina