Todos queremos servicios públicos de bajo costo. Más aún, todos queremos que sean de buena calidad. Nuestra salud y bienestar dependen, en buena parte, del al agua potable, la electricidad y la recolección de desechos.
Unos pocos días, o incluso unas cuantas horas, sin a estos servicios nos generan inconvenientes difíciles de tolerar. La sensibilidad del ciudadano hace que el tema sea de alto interés político y electoral. Nada más popular (y populista) que prometer bajar las tarifas del agua o la luz.
En Colombia conocemos bien la historia. Antes de la Constitución de 1991, las tarifas de los servicios domiciliarios eran definidas autónomamente por los alcaldes. Barranquilla y otros municipios del Caribe fueron víctimas visibles de tan mala práctica.
Durante lustros y ciclos electorales, la promesa de llevar agua barata fue motor de campañas políticas. El inevitable resultado fue uno de los peores servicios de acueducto del país, no solo respecto a la calidad del líquido, sino a la intermitencia e incluso la inexistencia del suministro.
Gracias a la ardua y dedicada labor de incontables funcionarios públicos y empresarios del sector, hoy estamos mejor que antes.
Los colombianos no debemos olvidar lo que ya sufrimos en carne propia: la política y búsqueda de votos son los peores criterios para diseñar y ejecutar soluciones relacionadas con la oferta de servicios públicos domiciliarios.
En contraste, debido a las reglas que definió la Constitución de 1991, se puso fin a lo anteriormente descrito, y en su lugar se puso en marcha el actual esquema de comisiones reguladoras y la Superintendencia de Servicios Públicos. Esto a su vez logró atraer billonarias inversiones del sector privado.
En consecuencia, gracias a aprendizajes y a pesar de numerosos temas aún por resolver, la oferta de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía, gas y recolección de basuras ha mejorado notablemente durante las últimas décadas.
Según el Dane y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), entre 1993 y 2018, el número de colombianos con servicio de energía residencial pasó de 28 a 42 millones de personas (un incremento del 50 %). En la actualidad, la cobertura de este servicio a nivel urbano es de más del 99 %.
En ese mismo período, el número de colombianos con acueducto residencial pasó de 26 a 38 millones (incremento del 45 %), con una cobertura actual urbana de más del 96 %. Cifras similares se observan para el gas, el alcantarillado y la recolección de basuras.
Esto significa que no debemos dejarnos engañar por la falsa retórica reformista. Gracias a la ardua y dedicada labor de incontables funcionarios públicos y empresarios del sector, hoy estamos mejor que antes.
También es bueno precisar que no es novedoso que el Gobierno Nacional clame por regulación para los monopolios que ocurren en el sector de servicios públicos. Ni tampoco hay que celebrar sus llamados grandilocuentes para proteger al final, mediante controles tarifarios y reglas de eficiencia del gasto por parte de las empresas prestadoras.
Lo anterior describe la forma como el sector en referencia ha operado durante más de 30 años. El mandato de regulación, control y vigilancia es claro desde el artículo 365 de la Constitución y su abundante desarrollo jurídico, incluyendo la Ley 142 de 1994 y numerosas providencias de las altas cortes colombianas.
Han sido precisamente las comisiones reguladoras (Creg para el caso de energía y gas y CRA para el caso de acueducto, alcantarillado y aseo) las principales garantes de tal mandato, habiendo probado reiteradamente su valor y aporte al desarrollo social del país.
Ojalá el Presidente recuerde que su rol es fortalecer la institucionalidad, no ponerla en riesgo, y que desista de su equivocada intención de asumir las funciones de la Creg.
EDUARDO BEHRENTZ