El endeble poder del fiscal general

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia eligió fiscal general de la Nación. Más allá de las virtudes y capacidades de la escogida, las presiones a las que fueron sometidos los magistrados desde los medios de comunicación hasta los organismos internacionales para apurar la elección revelan la politización del proceso, y hasta dónde se han distorsionado el poder y el papel institucional del fiscal y la Fiscalía en el país.

Concebida por la Constitución de 1991 como la instancia encargada de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes, la Fiscalía se ha convertido en la entidad más acosada por el poder político del gobierno de turno. Al inicio, porque cuando el Presidente presenta una terna de candidatos lo hace convencido de que cualquiera de ellos que elijan le va a “cuidar la espalda” (y la de los suyos). Y al final, porque su protagonismo en un país atravesado por la corrupción y la violencia le ha hecho creer que después de ser fiscal solo le queda ser jefe del Estado.

No hay un puesto al que se le atribuya más poder que al de fiscal general de la Nación. Incluso se considera el segundo cargo más poderoso, después del presidente de la República. Pero ese poder no es real. Por lo menos no en los términos en los que imagina la gente. Creen que basta que levante el teléfono y ordene cuál es el caso que se archiva o no, o qué persona puede permanecer en libertad o no. O que su poder burocrático es el mayor entre las entidades públicas. Pero tampoco. En la realidad, el fiscal se desenvuelve en un sistema de pesos y contrapesos internos y externos (formales e informales), que le impiden tener ese poder que todos le atribuyen.

Para comenzar con los contrapesos internos formales (legales), hay que considerar que el fiscal general no lleva ningún caso, que los fiscales son autónomos con respecto al desarrollo de sus investigaciones y que los procedimientos en la Fiscalía están tan estandarizados que el funcionamiento interno impone límites al ejercicio de poder. Para afectar el curso de los procesos que le interesan, el fiscal general solo tiene dos alternativas: 1) designar, trasladar o retirar fiscales; y 2) reasignar procesos. Pero con ese “poder” no necesariamente puede alterar el curso de las investigaciones. Habrá casos en los que pudo haber influido, pero, en general, la presión que en estos casos pueden ejercer los medios de comunicación termina limitando las intenciones de mover las investigaciones en una u otra dirección.

Ahora, con relación a los contrapesos formales (legales) externos es claro que, con la entrada del Sistema Penal Acusatorio (Ley 906/2004, que separa al fiscal que investiga y acusa del juez que examina la acusación), las decisiones del fiscal quedan sometidas a la aprobación de los jueces. Son ellos quienes deciden sobre el curso que siguen los procesos y la libertad de las personas.

Finalmente, el contrapeso más complejo que enfrenta el fiscal general proviene de los poderes informales (ilegales) que se mueven en la Fiscalía. Se trata de un segmento gris (de tamaño indefinido) regido por fuerzas ocultas que determinan los procederes y decisiones de algunos de los fiscales y sus equipos, que, como describe Juan Álvarez en su libro Recuperar tu nombre (Alfaguara), convierten “el apabullante acervo operativo”, en un “acervo de amenazas”, en un “arsenal de intimidación”, que transforman la fiscalía (ahí sí) en una poderosa y peligrosa entidad capaz de triturar inocentes para encubrir intereses privados. Un poder que, según denuncias, han utilizado algunos fiscales generales, pero frente a los que poco o nada han podido hacer.

Difícil tarea tiene la fiscal Camargo. Y muchas desilusiones esperan a los que creen que, con su llegada, se van a cerrar unos procesos y abrir otros. Con que logre mejorar la calidad de las intervenciones de los fiscales en los juicios que prometió en la Corte podrá sentirse satisfecha, porque para lo demás su poder será muy endeble.

*Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional