Construcción de paz, con norte y ejecutorias

El hecho de que se hubiera pensado que la implementación del acuerdo es a 15 años, nos dio, como Nación, una oportunidad única de trabajar por el tiempo que se necesita para resolver tantos temas que debimos haber abocado hace décadas. Para ello, la planeación juiciosa y robusta de cada uno de los frentes de la implementación, a través de la política de Paz con Legalidad, es ya una ruta para el trabajo transformador de las condiciones de vida de Colombia, que deben motivar al próximo gobierno a Construir sobre lo ya Construido.

Es la manera de avanzar en un país con períodos presidenciales de 4 años, ya que si bien en el pasado hemos tenido gobiernos bienintencionados, por falta de tiempo no alcanzaron a hacer realidad los cambios estructurales que requiere una nación de 50 millones de habitantes.

Ahora sí, la planeación nos garantizará una construcción de paz con nortes y acciones, fortalecida con el compromiso político del presidente Iván Duque, las garantías jurídicas, la búsqueda y apropiación de recursos y el punto de partida para la ejecución de las obras que transforman vidas, en un sector campesino rudamente golpeado por la violencia y la pobreza.

Esa implementación que debe consolidarse en 15 años, por fallo de la Corte Constitucional ya cuenta con resultados tangibles, inspiradores, en todos los frentes de la implementación, para que sea irreversible el proceso: el del apoyo a las víctimas de la violencia. Nueve millones de colombianos están en el registro único de víctimas, y en más de 3 años y medio de gobierno se han destinado recursos por más de $ 2,93 billones (US$ 771 M) en indemnizaciones individuales para más de 345.000 personas. Prorrogamos la Ley de Víctimas por 10 años, hasta 2031, y pusimos en marcha las curules de paz para las víctimas, 16 en total, con 16 representantes a la Cámara, elegidos el pasado 13 de marzo.

Pese a que en agosto de 2019 se acababan las garantías para más de 13.000 excombatientes que ya no empuñan armas, este gobierno las prolongó en el tiempo; ha aprobado más de 4.000 proyectos individuales y colectivos que benefician a 8.640 de ellos. Se han destinado más de 1,1 billones de pesos (US$ 289 M) para la atención de los reincorporados, incluidos recursos para seguridad, y para que su vinculación a la sociedad sea real en el corto plazo.

Más de 100.000 familias, unos 400.000 colombianos que cultivaban coca, son apoyados por el Gobierno en sus actividades enmarcadas en la legalidad, en proyectos con presupuestos que pasaron de $ 300.000 millones de pesos (US$ 78 M) a $ 2,2 billones de pesos (US$ 578 M), 3 años y medio después.

Más de 6,6 millones de personas que habitan en 170 municipios, los más afectados por la violencia y la pobreza, se benefician hoy con los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), una gran apuesta transformadora construida en el territorio, con 33.000 iniciativas formuladas por la comunidad para vías, salud, educación, uso del suelo, adecuación de tierras, vivienda, agua potable, derecho a la alimentación, reactivación económica y reconciliación.

En los Pdet, la inversión de este gobierno pasa de $ 12 billones (US$ 3.284 M), una cifra sin precedentes, ya financiada, que equivale a la primera línea del metro de Bogotá.

Son acciones concretas que, como decíamos al comienzo, cambian realidades de vida. Ha sido una construcción de paz con norte, planeación y ejecutorias.

EMILIO J. ARCHILA

Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación

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