¿En la vía de la deslealtad constitucional?

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El Presidente está pasando los límites de lo permitido. ¿Qué está queriendo decir con eso de “invitar a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespeto al voto popular”? ¿No recuerda acaso el Presidente que las denuncias sobre el ingreso de dineros ilegales provinieron de su propio entorno familiar y de quienes manejaron la campaña misma? ¿Y se olvida de que las denuncias sobre los aportes no registrados se originaron en movimientos y organizaciones políticas que hicieron parte del Pacto Histórico?

En primer lugar, el Presidente no puede hablar de irrespeto al voto cuando sobre el manejo de la campaña hay dudas razonables y razonadas acerca de la cantidad, calidad y el origen de los recursos con los que se financió la campaña. Especialmente en lo que se refiere al origen de los recursos con los que se pagaron los testigos electorales y los instrumentos utilizados en la dispersión de los pagos.

El haber recurrido a esos recursos, en caso de que sea probado, se constituye en sí mismo en un irrespeto a los votantes. Y por esa razón se debe entonces seguir el curso que la Constitución y la ley establecen para el efecto. Tanto para quienes manejaban los recursos de la campaña como para el propio Presidente porque la normativa es clara con respecto a lo que significa para su investidura.

Pero más importante, lo que no se puede perder de vista es que, por más que nos parezca que la conformación del Consejo Electoral no es la más deseable, sus competencias originarias son propias de un órgano de rango constitucional que deben ser respetadas de igual manera que este debe ser cuidadoso con las competencias penales de la Comisión de Acusación. No se puede afirmar que el cumplimiento de su misión constitucional como organismo autónomo e independiente sea interpretado (ni siquiera) como un intento de golpe de Estado que los colombianos tienen que salir a denunciar en el exterior.

Aceptar esas interpretaciones ligeras de golpe de Estado o de ruptura institucional a un hecho que no la tiene y convertirlas en combustible para el levantamiento social contra las instituciones (que es lo que semejante actitud invoca) pone en riesgo muy serio la estabilidad y permanencia de las instituciones y amenaza con profundizar el destrozo del tejido social del país.

Con su actitud y desconocimiento, el Presidente está incumpliendo el deber constitucional de encarnar la unidad de los poderes públicos. Un jefe de Estado no puede estar volcado en la tarea de encender las masas para que defiendan en la calle las reformas del Gobierno.

Para los constitucionalistas europeos, semejante actitud no significaría nada distinto a un ejemplo de deslealtad del Poder Ejecutivo con la Constitución. Esa figura no la habíamos visto en la historia política y constitucional del país.

* Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional