¿Reforma estructural, o ajustes?

El nuevo gobierno ha declarado prioritarias algunas reformas, es decir que el Congreso se entregará de lleno a su estudio y aprobación en el periodo legislativo que resta del presente año. Entre ellas no figura el tema de la salud, lo que supone que en el 2023 entrará a consideración de los parlamentarios. Esto es bueno, pues la ministra del ramo tendrá más tiempo para preparar sus propuestas de cambio, es decir que podrá madurar sus ideas, ya que algunas de ellas –expuestas a los medios de comunicación– pareciera que no están bien sazonadas.

Por ejemplo, la ministra Corcho insiste en que debe hacerse una reforma estructural al sistema de salud, sin tener en cuenta que esa reforma ya se hizo cuando se aprobó en febrero de 2015 la Ley 1751, o Ley Estatutaria, y que lo que falta es reglamentarla. Para ese fin se constituyó en 2018 una Comisión Conjunta designada por el Ministerio de Salud y la Academia Nacional de Medicina que, en diciembre de 2019, dio por terminado su trabajo haciendo entrega de un documento con 89 recomendaciones, base para implementar la ley estatutaria. Siendo así, bastaría llevar las recomendaciones apropiadas a un proyecto de ley reglamentario para ser presentado al Congreso por vía ministerial. Bien lo dijo en su momento el jurisconsulto Juan Carlos Cortés González: “La Ley 1751 de 2015 no se expidió para cambiar y que no pase nada”.

Es cierto que el sistema de salud, como ha venido funcionando, adolece de fallas, expuestas a través de tutelas que, por su cuantía, dan pie para afirmar que el sector es un completo desastre, desconociendo que son mayores sus bondades. A este respecto circulan muchas falacias. Una de ellas –quizás la más cacareada– es decir que “la salud no puede ser un negocio”, cuando comprar salud es un honesto e inteligente negocio, pues, perderla, es un desastre. El Estado hace una magnífica inversión al gastar en salud, pues mantiene productiva la fuerza laboral y contribuye al bienestar social. Infortunadamente, por ser un artículo de primera necesidad se presta para ser explotado en términos crematísticos, es decir, pecuniarios, con afán de lucro. Cuando la salud se utiliza como una mercancía, como un filón explotable, el negocio se convierte en algo despreciable: en un negociado. Precisamente, el modelo de salud impuesto por la Ley 100 de 1993 se prestó para ello.

Otra falacia es pretender que para la afiliación y el aseguramiento de los derechohabientes del sistema se requieren entidades intermediadoras, como han venido actuando las EPS. En esencia, la Ley Estatutaria establece claramente que es el Estado quien debe garantizar, propiciar, facilitar y tutelar el derecho a la salud de todos los colombianos, desde antes del nacimiento y hasta la muerte. Siendo así, todo ciudadano nace con un chip virtual puesto, que lo acompañará hasta el final de su vida. Ese chip es un pasaporte de ingreso automático al Sistema de Salud, sin ningún otro requisito. Vale decir, se nace afiliado y asegurado. Por lo tanto, tiene razón la ministra cuando afirma que no se necesitan entidades aseguradoras distintas al Estado. Creo que las EPS podrán existir, adscritas al sistema, reguladas por este, en calidad de prestadoras de servicios. Unas cuantas han dado muestra de ser eficientes, con satisfacción plena de los s. El error con las EPS consistió en que algunas de las reglas de juego fueron impuestas por ellas. El Ministerio de Salud les delegó funciones, creándose un sistema de salud paralelo.

Una de las críticas justas al sistema es la inequidad en la atención sanitaria en el sector rural. El exministro Rudolf Hommes tiene razón al recomendar que se abran puestos de salud en todos los municipios del país. Yo diría mejor que en aquellos donde no existan, que son muchos. Un buen sistema de salud tiene su puerta de a través de la atención primaria, que estaría a cargo de un médico rural, una enfermera y un inspector de higiene. Hay que volver la vista a la figura del “médico rural”, hoy tan devaluada.

FERNANDO SÁNCHEZ TORRES

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