Recientemente, Claudia Isabel Palacios nos propuso
en su última columna de EL TIEMPO una reflexión sobre los atenuantes del pecado de abortar según el derecho canónico, un tema invisibilizado desde la institución eclesiástica y que no ha sido objeto de suficientes debates en el país. Han pasado once años desde la Sentencia de la Corte Constitucional C/355 de 2006, que señaló tres causales despenalizadas, y en ese sentido quisiera complementar estos aportes de Claudia Isabel con las percepciones de las y los colombianos hoy en relación con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Sabemos que los cambios culturales son procesos de larga duración y que las estigmatizaciones alrededor de la IVE siguen siendo vivas en esta tierra del Sagrado Corazón.
Les proporcionaré, entonces, algunos datos que resultaron de la reciente encuesta de percepción (julio del 2017) realizada por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres con la firma Cifras y Conceptos, datos relativos a percepciones sobre el aborto en todas las capitales del país y en diferentes estratos socioeconómicos de Colombia, cuyos resultados serán presentados oficialmente el 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
El 70 % considera que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser legal en algunas circunstancias; por el contrario, apenas el 25 % considera que la interrupción debe ser legal siempre
Frente a la pregunta sobre quién debe tomar la decisión en el momento de la interrupción del embarazo, el 62 % de las y los encuestados opinan que es una decisión solo de la mujer y el 70 % considera que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser legal en algunas circunstancias; por el contrario, apenas el 25 % considera que la interrupción debe ser legal siempre. Si los comparamos con las estigmatizaciones de hace una década, estos datos muestran algunos avances en los imaginarios y las percepciones de los colombianos y colombianas frente al aborto.
Además, el 46 % de los encuestados no está de acuerdo con que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo vayan a la cárcel; en este sentido, el fantasma de la penalización se está alejando, lo que resulta esperanzador en relación con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Frente a las tres causales despenalizadas (malformación del feto, salud de la mujer y violación), el 70 % de quienes respondieron la encuesta están de acuerdo con que las mujeres interrumpan su embarazo cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero, cuando la vida de la mujer está en riesgo por la continuación del embarazo y si la mujer quedó en embarazo debido a una violación. Sin embargo, valdría la pena preguntar por la aceptación de otros motivos, como tener un hijo fuera del proyecto de vida, la falla del método anticonceptivo, la edad de la mujer o la falta de recursos económicos.
En general, los datos de la encuesta nos muestran que existe hoy una mayor comprensión y aceptación de la sentencia; no obstante, después de 11 años, deberíamos avanzar hacia una despenalización total de la IVE como muestra de una democracia plena e incluyente. Nos falta todavía avanzar en autonomía y dignidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. No obstante, quise mostrar que las percepciones de los colombianos y de las colombianas están cambiando positivamente, y las mujeres nos alegramos porque la paz también pasa porque las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo; para ellas es una cuestión de dignidad.
FLORENCE THOMAS
* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad