Estoy furiosa y, sobre todo, decepcionada, porque una vez más nos toca confrontarnos con el hecho lamentable de que los derechos de las mujeres nunca están adquiridos para siempre, y más cuando se trata de derechos que tocan su libertad para decidir sobre su cuerpo.
Lo que llamamos derechos sexuales y reproductivos, obtenidos durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, y reafirmados durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín en 1995, se encuentran hoy en Colombia de nuevo cuestionados, aun cuando pensábamos que las condiciones para la salud reproductiva de las mujeres eran un derecho adquirido y hacían parte de un reconocimiento de derechos humanos intocables.
Y sí, a veces pecamos de ingenuidad y de confianza en un gobierno de izquierda y de cambio que permite debates que nos devuelven a décadas atrás y que vuelve a poner los cuerpos de las mujeres como moneda de cambio.
En efecto, en los debates de comisiones económicas conjuntas del Congreso para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo –el mayor instrumento de política pública para la asignación de recursos del país a las necesidades de los colombianos y las colombianas– se eliminó la inclusión de los derechos reproductivos del artículo que contiene la Política de Derechos Sexuales y Reproductivos. Esta decisión no solo es resultado de un aterrador desconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres, ya obtenidos desde la Constitución y reafirmados con la Sentencia C-055/022 (Causa justa), sino que también es producto de manipulación y engaño por parte de una congresista del Partido Liberal (Karina Espinosa), ya reconocida por su proyecto de ley del ‘cacho’.
Y de nuevo, como lo que viví en los años 80 y 90 del siglo pasado, se repartieron fetos de plástico ambientados con el recurrente video ‘El grito del silencio’, plagado de los eternos argumentos que vuelven a reafirmar lo difícil, lo complejo y lo distante del reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos.
Quizás aún no se comprende que ser sujeto político significa autonomía para decidir sobre la vida, la sexualidad y la reproducción, tres ámbitos que si bien para los hombres no plantean mayores cuestionamientos, para las mujeres sí suponen un dilema existencial al estar intrínsecamente relacionados. Esa inevitable cercanía entre lo sexual y lo reproductivo para ellas implica la necesidad del reconocimiento y goce de los derechos reproductivos: si quieren tener hijos e hijas o no, cuántos, en qué momento y con quién. Y de ahí la responsabilidad del Estado de brindar servicios y bienes que garanticen la autonomía reproductiva y de evitar cualquier tipo de retroceso.
La negación de los derechos reproductivos es inaudita luego de tantos años de luchas y nos recuerda, como lo mencioné anteriormente, que nada está conseguido para siempre, imponiéndonos un estado de alerta permanente ante las posibles amenazas de los “antiderechos” y la proliferación de proyectos de ley contra la autonomía de las mujeres y la educación sexual integral, que aún hace tanta falta en este país.
Los riesgos que amenazan nuestra libertad están siempre presentes, pero ya no nos asustan porque hemos aprendido con una tenacidad sin límite a resistir contra vientos y mareas.
FLORENCE THOMAS
Coordinadora del Grupo Mujer y Sociedad