La respuesta de Andrés Pastrana a la carta de los Rodríguez Orejuela evade el cuestionamiento principal: si los chantajeó o no con la extradición para que escribieran una carta en la que involucraran directamente a Samper con los sobornos a su campaña. La ausencia de una respuesta supone, al menos, que hay algo no muy claro, acerca de lo cual Pastrana prefiere no hablar.
Pero más allá de los detalles de las cartas y los comunicados de Pastrana, Samper y los Rodríguez, uno puede inferir que los narcos quedaban en una situación muy desventajosa ante el poder presidencial. A fin de cuentas, el gobierno de Samper acabó con el cartel de Cali sin que los Rodríguez pudieran hacer mayor cosa, y Pastrana, al parecer, los pudo chantajear con la sola amenaza de extraditarlos.
No son los únicos casos en que los narcos acabaron mal. En las elecciones de 1982 hay bastante documentación de la entrada de dineros calientes a la campaña del candidato liberal y del conservador. El propio Pablo Escobar lo itió en su momento. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que luego Betancur nombrara en el Ministerio de Justicia a Rodrigo Lara, del Nuevo Liberalismo, declarado enemigo de Escobar y del narcotráfico, quien llevó a la defenestración política de Escobar y al inicio de su guerra contra el Estado.
A los paramilitares tampoco les fue bien. Apoyaron con mucha ilusión y fuerza la campaña de Uribe en el 2002, sin que el candidato tuviera que enterarse, mucho menos comprometerse. Luego, Uribe los llevaría a un proceso de paz con penas en prisión de mínimo ocho años, cuando en principio no estaba pactada la privación de libertad, y a la extradición de 14 de sus principales líderes por cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
¿Por qué entonces los narcos financiaron campañas presidenciales? ¿Qué recibían a cambio? Quizá hayan pensado que el hecho de que el presidente les debiera un favor era una carta que se podían jugar si la situación se tornaba complicada. En algunos casos funcionó. Por ejemplo, Samper al volver a habilitar la extradición la hizo de forma no retroactiva, un gran favor.
Quizá hayan pensado que el hecho de que el presidente les debiera un favor era una carta que se podían jugar si la situación se tornaba complicada.
No obstante, la cuestión de fondo para comprender la corrupción del narcotráfico es que no se puede interpretar la financiación de campañas presidenciales como un fenómeno aparte de toda la estructura de sobornos de los narcos a congresistas, políticos regionales, funcionarios públicos y de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Libra a libra, el presidente tenía todas las ventajas de poder ante los narcos, pero cuando llegaba la hora de ir al Congreso para negociar la tramitación de las leyes y la gobernabilidad de su gobierno con congresistas sobornados por los narcos, su margen de maniobra se resentía. Igual sucedía cuando debía interactuar con gobernadores y alcaldes que por debajo de cuerda estaban alineados con los intereses de los narcos en las regiones. O cuando debía dar instrucciones a de la Fuerza Pública que recibían cuantiosos sobornos de los narcos a cambio de protección de sus operaciones y de adelantar una guerra en común contra las guerrillas.
Es cierto que en Colombia difícilmente se puede argumentar que el poder presidencial estuvo sometido a la corrupción del narcotráfico. Es más, si un narco lo desafiaba, el presidente disponía de los medios para aplastarlo. Incluso luego de una feroz guerra se pudo eliminar a Escobar. Sin embargo, esa es una aproximación simplista. Hubo una estructura de corrupción mucho más compleja, en la que el presidente tenía que ponderar la suma de muchas fuerzas con peso en el sistema democrático a la hora de tomar decisiones que afectaran al narcotráfico. Solo comprendiendo el peso y la interacción de estas fuerzas puede comprenderse en profundidad qué recibían los narcos a cambio de los sobornos.
GUSTAVO DUNCAN