Constituyente metropolitana de la Sabana

La Constitución Política de 1991, hace 26 años, le entregó a Bogotá la identidad de Distrito Capital, como entidad territorial especial, le mantuvo la condición de capital de la República y capital de Cundinamarca, desagregando electoralmente a Bogotá del departamento de Cundinamarca. Posteriormente, hace 24 años, se expidió el Decreto Ley 1421 de 1993 o Estatuto Orgánico de Bogotá.

Desde esos tiempos, tanto en Bogotá como en Cundinamarca es mucha el agua que ha corrido por debajo de los puentes. La presión expansionista de Bogotá sobre los municipios vecinos de Cundinamarca (parqueadero del metro o basurero), como también los cambios de usos del suelo cercanos a la capital, entre otros fenómenos, han impactado importantes territorios dedicados al cultivo de alimentos y también afectado la estructura ecológica estratégica, incluido la desbordada contaminación del río Bogotá y la ocupación (legal e ilegal) de tierras en las áreas territoriales del bien hídrico, ocupación de la reserva forestal de los cerros orientales, intentos de cambiar el uso de suelo de la reserva Thomas van der Hammen y proyectos inmobiliarios en el sur occidente y extremo sur, varios de ellos transgrediendo los límites bogotanos.

A todas luces, como lo reconocen expertos académicos, es altamente negativo el impacto de un modelo de ocupación territorial descontrolado que se agencia desde Bogotá, con la “venta de agua en bloque”, pero hay que reconocerlo, que se promueve desde el vecindario con la conocida “competencia desleal tributaria” y los cambios de usos del suelo (“volteo”) en los POT, con los cuales, además del negocio con especulación del valor del suelo (negocio altamente corrupto), también se expande el negocio inmobiliario, varios sin servicios públicos, en zonas inundables y sin equipamiento urbano mínimo.

Las advertencias sobre el inminente desastre urbano, humano y ambiental, de un tiempo para acá, se han hecho sentir desde distintas voces de la academia, las ONG y la política. Pero, así se evidencia, pareciera que los intereses de esta última, en alianza con poderosos sectores de la economía inmobiliaria, han impuesto, sin contemplaciones, la lógica imperante, calificada por conocedores como insostenible y depredadora.

Así pues, más allá del debate, algunas veces bastante “recalentado”, es muy poco lo que se ha avanzado para propiciar un orden territorial armónico y respetuoso con la naturaleza, de cara al fenómeno planetario del cambio climático. Lo máximo logrado, para gobernar un territorio común, ha sido la asociación de Región istrativa y de Planeación Especial (Región Central) con los departamentos cercanos. Desde allí, con visión sostenible, se ha venido agenciando un esfuerzo por la protección, restauración y preservación de los páramos, ecosistemas productores de agua.

Por otra parte, en lo que respecta a la asociación de Bogotá con los municipios vecinos, fuente de tensiones y alta conflictividad, es muy poco lo que se ha logrado. Una veintena de convenios sin fuerza vinculante que marcha al ritmo de los humores y los negocios de los mandatarios. El Congreso de la República que ha debido expedir la ley especial metropolitana, por su parte, ha mostrado total desinterés. Dicen que la “torta” de la plata que actúa como la “caja menor” de instituciones supraterritoriales, donde varios meten mano, los mantiene frenados.

Entonces, es urgente una solución. Las dinámicas de Bogotá no encuentran respuestas en la estrechez del Estatuto Orgánico y la realidad con los territorios municipales vecinos amenaza caos. Así pues, la reforma del Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley Especial Metropolitana para Bogotá y los municipios circunvecinos no dan más espera. El escenario más democrático, en mi sentir, es la Constituyente Metropolitana de la Sabana.

HÉCTOR PINEDA

*Constituyente