La protesta social sigue viva

Son más que suficientes los argumentos y hechos históricos que demuestran que los grandes cambios democráticos que ha experimentado el país estuvieron acompañados por una fuerte movilización y participación ciudadana, y que nadie ni nada logra detener el empuje arrollador de la protesta social, que solo cesa cuando se logran los objetivos propuestos.

En este sentido, recordemos un hito: el acuerdo para convocar la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que consagró la carta política que nos rige. Sin duda obedeció a las grandes movilizaciones sociales y al papel protagónico de los estudiantes y jóvenes con el movimiento llamado ‘séptima papeleta’, sumado al angustiante pedido de grandes sectores sociales para detener baño de sangre que conmocionaba al país, producto de las acciones del paramilitarismo y el narcotráfico, sumados los asesinatos y desapariciones masivas de líderes políticos y sociales, los desplazamientos masivos y el exilio voluntario que asumieron muchos actores de la vida nacional.

Que no haya olvido sobre la gama de hechos fatales que sacudieron al país, como la toma y retoma del Palacio de Justicia durante la presidencia de Belisario Betancourt y el asesinato de cuatro candidatos presidenciales que tenían en común su lucha contra las estructuras políticas y sociales caducas y la politiquería. Por igual, la desaparición violenta de miles de integrantes de la Unión Patriótica (UP), producto del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional de la época y las Farc. La misma suerte corrieron los del Frente Popular, luego del acuerdo de paz con el Epl, y los crímenes contra grandes luchadores por los DD. HH. como Héctor Abad Gómez, más las desapariciones forzadas en casi todo el territorio colombiano y las incesantes tomas guerrilleras que se protagonizaron a finales de los años 80.

Hay que decir que muchos de estos crímenes contra líderes de izquierda y demócratas del país se materializaron con el respaldo de algunos ganaderos, terratenientes, de empresarios y de políticos que querían instaurar un régimen de terror e impedir que los procesos de paz en marcha, y la opción por alternativas distintas al establecimiento, se impusieran en el país. La complicidad de sectores militares y de la inteligencia del Estado con actores ilegales de extrema derecha era de público conocimiento.

Aun así, la movilización ciudadana estimuladas por las negociaciones que concretó el gobierno de Virgilio Barco y continuó César Gaviria, referidas a los acuerdos de paz firmados por cuatro organizaciones guerrilleras, M-19, Epl, Quintín Lame y el Prt y el papel de estudiantes y jóvenes con la séptima papeleta, permitió que se impusiera la salida democrática que el país requería y que logró un enorme respaldo de la ciudadanía en las urnas, a la hora de elegir a los constituyentes.

La sentencia 927 de 1990 de la Corte Suprema de Justicia que refrendó los acuerdos para la convocatoria de la Constituyente y que además señaló que no se trataba de una reforma sino de adoptar una nueva Constitución, es muy clara cuando analiza todos los factores que pesaban negativamente sobre la nación al momento de darle el visto bueno a esa histórica decisión.

Que entiendan quienes desconocen todo este proceso, o pretenden tergiversarlo, que la Constituyente quedó imbuida de los poderes necesarios para el logro de los fines establecidos y también para incidir de fondo en la superación de los factores desestabilizadores del momento.

Hago este somero recuento para señalar que se equivocan los que creen que las razones del paro nacional y las multitudinarias marchas de los últimos meses ya perdieron vigencia. Esa es una actitud ingenua. Aunque las propuestas, pliegos y objetivos presentadas hayan sido desatendidas por el Gobierno Nacional, el Comité Nacional del Paro llevó las más importantes al Congreso Nacional, de manera que se mantienen vigentes y exigen soluciones a mediano plazo. Si dichas reclamaciones no son atendidas, volveremos a las grandes concentraciones y movilizaciones ciudadanas con tal tono de insistencia que tendrá que surgir un nuevo escenario que recoja y tramite los propósitos que animan dicha protesta social. Así que este panorama cambiará con o sin el Gobierno Nacional, y necesariamente se verá reflejado en el debate electoral del 2022.

JAIME A. FAJARDO LANDAETA

Twitter: @JaimeFajardoLan