Nuestros legisladores están a la vanguardia. Tenemos una de las constituciones más sólidas del hemisferio, y nuestras leyes nos visionan como un país social, demócrata y liberal. En papel, no tenemos nada que envidiarles a Francia, Dinamarca y somos más igualitarios y redistributivos que los estadounidenses.
Pero el papel aguanta todo, y se ha vuelto un mal chiste decir que aquí somos buenos para “comunicar” las leyes, mas no para “cumplirlas”. Somos, además, rápidos en culpar a los ciudadanos, y no a la incapacidad de sancionar a los infractores de las normas. Al contrario, a pesar de un sistema tan ineficiente, es el sentido de comunidad el que mantiene a Colombia funcionando como una sociedad alegre y en desarrollo.
El principal problema de nuestro Estado lo describe Francis Fukuyama en el libro ‘State Building’ (Construyendo Estados), en el que desarrolla la idea de que las sociedades deben tener en cuenta dos parámetros importantes al intentar elevar la calidad de vida para sus ciudadanos: el primero, los servicios que pretenden ofrecer a sus habitantes; y el segundo, su eficacia, es decir, qué tan bien pueden desarrollarlos y con qué recursos cuentan para llevarlos a cabo.
Estados Unidos, por ejemplo, ofrece menos servicios que los países nórdicos, pero los que brinda, como la seguridad y el al empleo, los garantiza con mucha eficiencia. Francia, a su turno, ofrece más servicios y lo hace de una manera adecuada, pero con menos eficiencia que Noruega. En Latinoamérica, y particularmente Colombia, estamos en el peor de los mundos: con menos recursos, ofrecemos demasiados servicios y derechos a nuestros ciudadanos, pero sin la capacidad de cumplirles. Queremos hacerlo todo, y por ende nos cuesta hacer bien hasta lo más básico.
Somos un país con muchas necesidades, pero diariamente el Congreso aprueba nuevos derechos, que demandan vigilancia y recursos.
Eso explica, como lo identifica Fukuyama, que haya impunidad. Tenemos las leyes que castigan el delito, pero poca capacidad para aplicarlas. Para salir de este círculo vicioso se debe priorizar la oferta pública, atender algunos derechos solo cuando hayamos suplido los más básicos. Si empezamos garantizando la seguridad, la salud y la educación, luego el desarrollo económico fluirá y pronto podremos ir agregando otros derechos y servicios al menú del Estado. No es una fórmula mágica, requiere de trabajo, esfuerzo y sacrificio, palabras impopulares en la política.
Con la educación, en Barranquilla hemos hecho una tarea similar. Empezamos aumentando cobertura y mejorando infraestructura. Luego, optimizamos calidad; después vinieron becas para estudiantes y profesores, y a continuación empezamos a graduar como técnicos laborales a todos los estudiantes, que muy pronto serán bilingües. Ahora construimos una nueva sede de nuestra universidad pública, y seguimos soñando con más.
No priorizar los servicios es ir al sastre buscando un traje y ver que este cuesta 200.000 pesos, pero solo tenemos 100.000. Lo lógico sería hacernos el pantalón y la camisa, luego con el tiempo pasar a comprar el saco que nos hace falta. Pero no, en el afán de tenerlo todo ya, nos estamos haciendo medio pantalón, media camisa y medio saco.
Somos un país con muchas necesidades, pero diariamente el Congreso aprueba nuevos derechos, que demandan vigilancia y recursos. La ironía es que cobran la misma importancia legal que los servicios esenciales que no se están prestando bien. Cada nuevo derecho es una nueva prenda del traje que no hemos podido confeccionar completo.
Aceptemos la invitación de Fukuyama. Repensemos nuestro Estado y las formas que lo desarrollan, pues, de seguir así nunca, vamos a salir vestidos.
JAIME PUMAREJO
Alcalde de Barranquilla