Los pies sobre la tierra

Después del narcotráfico, la lucha por la tierra es el mayor causante de asesinatos en el país.

Las normas que buscan regular la propiedad y posesión de la tierra datan de hace un siglo. Al menos desde 1926, la jurisprudencia de la Corte Suprema fue sentando precedentes, recogidos en una ley de 1936, para otorgar derechos sobre baldíos de la Nación a campesinos que cultivan la tierra o a poseedores que durante varias olas de migración a las ciudades fijaron asentamientos informales en predios públicos o privados.

Con la Ley 2044 de 2020, impulsada desde Barranquilla, los entes territoriales podemos comprar al 10 % del valor catastral, a propietarios de predios con posesiones consolidadas (anteriores a la entrada en vigor de la ley), para impulsar programas de titulación masiva que han hecho realidad el sueño de muchos hogares de volverse propietarios y generar un patrimonio familiar.

Pero esto es insuficiente, y hay cosas que han salido muy mal. En nuestras narices, con métodos tan perversos como sofisticados, grupos criminales despojan a las familias de sus terrenos, fincas o parcelas. Con intimidación y muerte amenazan a pobres y ricos y los desalojan.

En el campo, los grupos armados robaron más de 6,5 millones de hectáreas, según el Centro de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad. Y en las ciudades, el despojo lo han hecho invasores profesionales que empujan a los ciudadanos a realizar tomas arbitrarias para luego arrebatarles la tierra.

En agosto de 2021, junto con la Lonja de Propiedad Raíz y Camacol, lo denunciamos ante la Procuraduría. En los municipios del área metropolitana de Barranquilla –advertimos– viene creciendo un negocio criminal de invasiones de tierra, con escrituras falsas, registros fraudulentos, amenazas a testigos y compra de funcionarios.

El Ministerio Público ya conoce el actuar de esas mafias: ingresan al predio, intimidan a quien lo cuida, construyen un cambuche y luego levantan estructuras de material para reclamar tradición u obtener indemnizaciones. Otras veces limpian el terreno con maquinaria pesada y ubican el letrero de ‘Amparo policivo’, con base en documentación fraudulenta. De paso, instalan cuidadores armados para amedrentar a los dueños legítimos. No son pobres ni desposeídos: el operativo indica que tienen dinero.

El Estado necesita más instrumentos. Estamos pidiendo al Congreso que tramite un proyecto que corrija los puntos débiles de las normas actuales para proteger a quien ostenta la propiedad o posesión de la tierra.

De esta forma, el Estado podrá defender a quienes han luchado por sus posesiones, así como la propiedad colectiva destinada a parques, escuelas y demás infraestructura pública, que en ocasiones también termina en poder de estas mafias.

La anunciada reforma agraria es pertinente. Nadie puede ser enemigo de ella. Pero, además de otorgar tierra, debe invertir en capacidades técnicas y financieras para crear cooperativas y asociaciones. La tenencia de tierra, por sí sola, poco resuelve.

Necesitamos un amplio debate, que escuche a muchas voces. Todos debemos luchar por una reforma agraria justa, que se ha intentado desde los años de la república liberal. Mi abuelo Alberto Pumarejo, que trabajó con ese propósito en los gobiernos de Olaya Herrera y López Pumarejo, decía que la propiedad de la tierra es fundamental para la paz, pero que debe reposar en sólidos cimientos de seguridad jurídica.

La democracia es la garantía de que el violento no se impondrá sobre el más débil, que el que más grite no tendrá más derechos que aquel que no tiene voz, y que todos estaremos representados y protegidos por el Estado. Con garantías y derechos para todos, sin importar creencias o condiciones sociales, pondremos en paz los pies sobre la tierra.

JAIME PUMAREJO HEINS

* Alcalde de Barranquilla