Nos salvamos o nos hundimos

No poca insolencia se requiere para que el Gobierno y la bancada del Centro Democrático hablen ahora de austeridad a fin de legitimar la reforma tributaria. Han sido los mismos de la finta de cero ‘mermelada’ o reducir el Congreso y eliminar las contralorías territoriales, pero que impulsaron el Acto Legislativo 4 de 2019 de agigantamiento de la burocratizada Contraloría General de la República y, en general, de los obsecuentes organismos dizque de control. La mera Contraloría pasó de costar 558.000 millones de pesos en 2019 a un billón setenta y cinco mil millones en 2021, lo que representa en 5 años el no despreciable 0,3 del 7,8 por ciento del PIB de déficit fiscal.

Pero como dice el Evangelio de San Juan, “quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”, suena insensato que el expresidente y exministro de Hacienda César Gaviria se alinee del lado del ‘petromadurismo’ para pedir que se ponga en marcha el helicóptero lanzando billetes. Claro que la teoría monetaria ha evolucionado, pero es muy distinta con monedas de reserva y que ‘no tienen suplente’, como el dólar, de aquellas de los países en desarrollo, que dependen del endeudamiento en moneda extranjera, con altas tasas de evasión e informalidad. Imprimir dinero para dárselo al Gobierno, sin intermediación financiera, es el primer paso para la pérdida del grado de inversión, devaluación masiva y salida de capitales, como ocurrió en Zimbabue en 2008.

Pero ahora parece que asistimos al reinado de rasgarse las vestiduras. Hasta el partido del presidente lo hace. Se olvida que el país vive al fiado desde el gobierno pasado o que la estrategia del actual era errada al ningunear las exportaciones y limitarla al incentivo a la inversión para el consumo interno. ¿Y acaso creyeron que la cuentica del coronavirus y de los almuerzos recientes no había que pagarlos? Si al menos hubieran dejado un ahorrito, como en Chile, o endeudamientos prepandemia moderados del 20 por ciento del PIB, como en Perú, la historia sería otra.

En efecto, a la reforma tributaria hay que ajustarla, moderarla, pero el país debe gestar un acuerdo patriótico del mayor número de bancadas políticas, no solo por el alto riesgo de pérdida de confianza de los inversionistas, sino por la oportunidad de sacar adelante la más ambiciosa iniciativa de transferencias monetarias para los más pobres en la historia del país.

Habrá que cuidar que el impuesto al patrimonio sea realmente temporal y no mayor al 1 por ciento o que se fije mejor una tarifa baja de IVA a bienes excluidos y exentos, como señala Fedesarrollo. Incluso que se aplace la entrada en vigor de una parte de la compensación del impuesto de industria y comercio, adoptado en la reforma tributaria de 2019, a efectos de moderar la eliminación de deducciones de renta para ingresos de rango medio. Pero no resulta desproporcionado un impuesto solidario del 10 por ciento a los trabajadores con ingresos superiores a 10 millones, si es solo por seis meses y deducible del impuesto de renta, o una contribución de las pensiones superiores a 7 millones de pesos.

Es lamentable que el Gobierno aceptara el torpedo del Ministerio de Comercio a la recomendación, en el excelente análisis de la comisión de expertos tributarios, de reducir los beneficios del mal uso del régimen de zonas francas que ofrece un alto riesgo de fraude y no ha cumplido con el objetivo de promover las exportaciones.

Hay que cogerle la caña al ‘favorcito’ de Duque y avanzar ya con responsabilidad hacia un acuerdo patriótico, incluyendo a las fuerzas de la Coalición de la Esperanza. De lo contrario, no solo corremos el riesgo de hundirnos, sino que cualquiera que sea el próximo presidente tendrá que arrancar por gastar el capital político y la gobernabilidad con una reforma tributaria. Eso no conviene a nadie.

John Mario González