La fábrica de la ‘mermelada’

No es solo que la democracia esté enferma, como lo demostraron las riadas humanas que asaltaron el Capitolio estadounidense. Es que tampoco importan el buen gobierno, ni la coherencia ni la capacidad, y menos los indicadores de gestión. Ello debiera tener muy preocupados a los evaluadores de política pública. Nada de eso importa, o muy poco, porque frente a las frustraciones y paradojas de la sociedad, nada mejor que un buen populista que sepa torcerle el pescuezo a la realidad. Los ejemplos pululan. Basta recordar al Petro que fue un desastre gerencial en Bogotá y hoy cabalga como nunca hacia la presidencia, o Claudia López en Bogotá.

Los populistas son expertos en poner cortinas de humo; atribuyen a otros la culpa de sus fracasos; exprimen las banderas de la transparencia y la anticorrupción, aunque tengan una fábrica propia de ‘mermelada’.

Ojo, que no alcanzaría a hacer énfasis en la Claudia López de la lamentable gestión de la pandemia, en la ciudad del millón de empleos perdidos, que quedará endeudada hasta el cuello; en la ciudad que se cierra sin previo aviso y que hoy se vende o arrienda; en la mayor creadora de pobreza; en la alcaldesa que prometió decenas de obras de infraestructura de las que no hay ni diseños y que, como dice Germán Vargas Lleras, no ha iniciado ni las que se pagaron por valorización. Tampoco hablo de la alcaldesa que se va de vacaciones en el pico de la pandemia, la arrogante con los vendedores ambulantes, la que promovía aglomeraciones en Navidad y después culpa a la cepa del Reino Unido por los contagios.

No, no hablo de la alcaldesa que no sabe para dónde va, o si no miren el Plan de Desarrollo. Hablo de la López que prometió que gobernaría sin ‘mermelada’ y que hoy tiene su mayor fábrica de la historia en Bogotá, y en tiempos de pandemia. Empecemos por mencionar que es la misma que promovía presupuestos de inversión participativos y que como gobernante les hizo el feo; la misma que habla de transparencia, pero cuyas secretarías violan la Ley 1712 de 2014 de transparencia, pues la información es indescifrable o no publican las contrataciones en curso o los contratos de prestación de servicios, como la Secretaría de Movilidad, de Integración Social, de Salud, Idartes o TransMilenio.

Gustavo Petro recibió el Distrito en el 2012 con 29.625 contratos de prestación de servicios y los aumentó hasta los 50.490 en el 2015, como señaló en su momento el contralor Diego Ardila. Peñalosa los redujo significativamente, Claudia López los disparó de nuevo. Un primer indicador lo mostraba el concejal Martín Rivera a comienzos de noviembre, y sin información completa de octubre, cuando afirmaba que se habían celebrado 50.210 contratos de prestación de servicios.

Un segundo y grave indicador es que en las entidades revisadas se encuentran aumentos del 130 por ciento, como en el IPES; del 80 en la Secretaría Jurídica o del 87 por ciento en la de Seguridad, en la que se salta de 1.134 contratos en el 2019 a 2.018 en el 2020. También, aumentos del 30, del 45 o del 19 por ciento, en el caso de la Secretaría General y, en otros, del 200 por ciento, como en la Secretaría de Gobierno, pero solo a nivel central, porque bordea el 350 por ciento si se incluye ‘mermelada’ para las localidades. Se pasó de 935 contratos en el 2019 a 3.342 en el 2020. En Bogotá, tal parece, hubo más de 60.000 contratos de prestación de servicios en 2020, en tiempos de pandemia, algo nunca visto.

Como la tarea de revisar decenas y decenas de entidades es titánica e imposible sin un equipo, le envié un derecho de petición al Contralor de Bogotá. Espero que cumpla a cabalidad, pues, vaya paradoja, no solo el Concejo distrital tiene todos los síntomas de exceso de glucosa, sino que los organismos de control brillan por su ausencia.

JOHN MARIO GONZÁLEZ