Inflación y empleo

La tasa de inflación de enero, cercana al 7%, ha generado señales de alarma. Lo más grave es el aumento del 20 % de los precios de los alimentos, que genera efectos muy negativos sobre los hogares de bajos ingresos. Los combustibles también están experimentando aumentos importantes. Ante esta tendencia, el Banco de la República incrementó en enero la tasa de interés de política en un punto porcentual, sobre los aumentos de los últimos meses del año pasado.

El elemento preocupante es que esa alza coincide con un freno a la recuperación del empleo y del dinamismo que había tenido la economía desde el fin del paro cívico del año pasado. La recuperación del empleo había sido muy positiva entre junio y octubre, pero hubo una caída en los dos últimos meses del año. Las encuestas de Davivienda del sector industrial de enero y fines del año pasado muestran un retroceso moderado, y lo mismo es cierto de las de opinión empresarial de Fedesarrollo de diciembre.

¿Debe tener en cuenta el Banco de la República estas tendencias negativas en empleo y la actividad económica? La respuesta es: obviamente, sí. La Constitución de 1991 establece que la política monetaria debe adoptarse en coordinación con la política económica general. Esto quedó, además, claro en la sentencia C-481 de la Corte Constitucional de 1999, que determinó que, en ejercicio de esa coordinación, “la junta del Banco de la República, si bien tiene como finalidad básica preservar el poder adquisitivo de la moneda (, art. 373), no puede sin embargo ser indiferente a los resultados de sus decisiones sobre el empleo y el crecimiento, que explícitamente debe tomar en consideración”.

Puede agregarse que los efectos de la política monetaria sobre el empleo estuvieron en el centro de las decisiones de los bancos centrales del mundo entero durante la crisis del covid. Además, en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, la ley que lo regula establece que su primer objetivo es “el máximo empleo”.

¿Exageró el Banco de la República en su decisión? En realidad, todos los bancos centrales latinoamericanos que utilizan este instrumento de política han aumentado sus tasas en magnitudes similares o incluso superiores a las de Colombia; es el caso de Brasil, Chile y Perú. Por el lado positivo, las reglas del Banco establecen que en febrero no habrá aumento. Además, la tasa de inflación básica (sin alimentos ni precios regulados) fue del 3,5 % en enero, dentro del rango objetivo del Banco, por lo cual no hay razones para una nueva alza significativa.

Por otra parte, la razón básica de la inflación actual no es un exceso de demanda. Por ese motivo, la mayor tasa de interés contribuirá poco a reducir la inflación. La causa es el alza de los precios internacionales, tanto de productos agropecuarios como del petróleo.

En el caso de los alimentos, los análisis internacionales indican que hay diversas razones. Una de las más importantes es el mayor costo de los fertilizantes, por los aumentos del precio del petróleo. Ese aumento ha generado, además, un atractivo a producir biocombustibles, con efectos negativos sobre la oferta de alimentos. Entre otras causas se cuentan los aumentos de los costos del transporte marítimo, el fuerte aumento de las importaciones de alimentos de algunos países grandes, especialmente China e India, y fenómenos climáticos adversos.

Lo que esto indica es que Colombia debe utilizar la oportunidad que genera esta coyuntura para aumentar nuestra propia producción de alimentos, y hacerlo además con tecnologías más limpias, que utilicen menos agroquímicos y más insumos orgánicos. Esto nos ayudaría a depender menos de la creciente importación de alimentos, que ha crecido desde los años noventa. Estas son tareas esenciales para el próximo gobierno.

JOSÉ ANTONIO OCAMPO

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