La comunicación oficial

Lo acontecido al comenzar el año, cuando el Presidente de la República anunció la buena noticia de un cese del fuego “bilateral” –que en realidad era multilateral, porque no involucraba solamente a dos sino a más partes–, siendo desmentido a las pocas horas por el Eln, pone de presente la importancia que tiene –además de los protocolos, el previo acuerdo y la certeza de toda negociación en búsqueda de la paz– una adecuada comunicación entre el Gobierno –con mayor razón si se trata del jefe de Estado– y la ciudadanía, particularmente en asuntos de tanta trascendencia.

(También le puede interesar: Las aplicaciones: ¿obligatorias?)

Aunque el 4 de enero el Ejecutivo procedió a suspender el decreto 2660, expedido el 31 de diciembre de 2022 –por el cual se decretó dicho cese del fuego entre el Gobierno y varias organizaciones alzadas en armas, “a partir de las 00:00 horas del día 1.º de enero de 2023, hasta las 24:00 horas del día 30 de junio de 2023” (...)–, lo cierto es que el episodio restó credibilidad a la istración, desconcertó a la Fuerza Pública y generó desconfianza, a nivel interno e internacional, sobre el proyecto de paz total en que se ha empeñado, con muy buena intención, el presidente Gustavo Petro.

Infortunadamente ha fallado la comunicación, y eso hay que decirlo con respeto, pero con franqueza. No es la primera vez que ocurre, ni en este gobierno ni en las istraciones recientes. Por paradoja, el uso inadecuado de las tecnologías y las redes sociales ha desmejorado la comunicación gubernamental con la ciudadanía. En épocas no muy lejanas, los presidentes y ministros, lejos de improvisar, preparaban sus intervenciones públicas, previo acuerdo en el interior del Gobierno, fijando posiciones oficiales en un solo sentido, sin confusión, sin contradicciones internas. No se tenía que aclarar al día siguiente. Tratándose de asuntos de extraordinaria importancia, las decisiones y políticas gubernamentales se comunicaban de manera directa por el presidente de la República, como jefe de Estado y de Gobierno, llamado por la Constitución a fijar pautas, coordinar y dirigir.

En una democracia, la información completa y veraz es indispensable en las relaciones entre gobernantes y gobernados. Se trata de un derecho de doble vía, como lo ha expresado la Corte Constitucional. El Gobierno tiene el derecho y el deber de informar a la ciudadanía sobre las cuestiones de interés general, y ella tiene derecho a exigir que se la informe con claridad, veracidad y certeza.

Como lo expresé en su momento en reportaje con EL TIEMPO, algo que incidió decisivamente en el triunfo del No’ en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 fue la deficiente e incompleta comunicación sobre el contenido del Acuerdo Final. En realidad, muy pocos de los votantes habían leído el voluminoso texto de casi trescientas páginas, y ello condujo a que unos y otros –en redes sociales y en grupos y círculos de WhatsApp– le atribuyeran ventajas o consecuencias inexistentes, a lo cual se añadía que se votaba en bloque –por todo el acuerdo–, sin poder seleccionar los puntos, como sí es posible en el referendo. A muchos les faltó información, y otros la recibieron distorsionada.

En la actualidad, los presidentes, ministros y funcionarios –no solo los colombianos, y hasta el Papa– hacen uso permanente de los trinos. Y, dado el número limitado de caracteres, no es extraño que lo escrito se preste para equívocos y sea necesario rectificar o borrar lo escrito, como nos tocó hacerlo a quienes habíamos apoyado el anunciado cese del fuego.

Los gobernantes tienen a su cargo tan altas responsabilidades que, sin perjuicio de su libertad de expresión, cuando se trata de asuntos tan delicados y difíciles, deberían preferir el lenguaje tradicional de los comunicados y las alocuciones oficiales, sin precipitarse, apresurarse ni improvisar.

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ