A la discusión del fracking hay que meterle menos politiquería y más evidencia. No se trata de decirle sí, sin más, pero tampoco de negarnos la posibilidad de intentarlo mediante pilotos que dejen conclusiones ciertas y le permitan al país tomar decisiones basadas en la experiencia real y no apenas en las suposiciones y el activismo.
No puede ser que después de un informe serísimo de una comisión de expertos independientes, de los ires y venires judiciales del Consejo de Estado y el análisis de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), ahora nos neguemos la posibilidad de emprender una investigación integral sin fines comerciales para entender si es posible o no emplear esa técnica.
En el piloto que se piensa hacer en el Magdalena Medio se van a medir más de 200 variables para verificar posibles afectaciones en agua, suelo, aire y ruido. Según Ecopetrol, no se tomará agua potable sino de pozos profundos y de una mínima parte del caudal del río, y no se hará ningún tipo de vertimiento de agua en fuentes superficiales. Además, no es cierto, como algunos han dicho, que a la licencia ambiental le haya faltado un diálogo social amplio con las comunidades. Se abrieron varios espacios de discusión a los que asistieron cerca de 2.000 participantes. Lo que sí es verdad es que en las últimas mesas de trabajo hubo una alta dosis de sabotaje de personas que ni siquiera son de la región y llegaron a las audiencias a tirar sillas y asustar a la gente que estaba hablando con preocupaciones genuinas.
Tenemos que itir otras verdades sobre lo que significaría desarrollar esta técnica en la exploración de los yacimientos no convencionales.
Toda esta discusión no surge en un momento cualquiera de la historia. Los europeos hoy están llorando la falta de gas, y los s en varios de estos países han visto cómo sus facturas se han incrementado cinco o seis veces en un año por la falta de autosuficiencia energética de varias naciones. A esto se suma un aumento tremendo del precio de la gasolina. En Inglaterra, por ejemplo, el galón supera ya los 30.000 pesos. Las campañas promovidas hábilmente desde Rusia en contra del fracking dieron resultado en ciertas legislaciones que terminaron o prohibiéndolo o poniéndole talanqueras absurdas. Ahora, ante esta crisis, varios gobiernos se plantean la necesidad de levantar esas restricciones.
Si bien tenemos que hablar con toda sinceridad del aumento de la sismicidad en los lugares donde se practica la fracturación hidráulica o de la posible afectación del agua, también tenemos que itir otras verdades sobre lo que significaría desarrollar esta técnica en la exploración de los yacimientos no convencionales. Para no ir más lejos, se trata de duplicar o incluso triplicar nuestras reservas probadas de crudo y quintuplicar las de gas del país; gas al que hoy tienen al menos 10 millones de familias colombianas. Además, en materia de recursos fiscales, llegarles a esos yacimientos permitiría aumentar entre 10 y 15 por ciento la inversión total del Gobierno central por 25 años (4 billones de pesos por año), según expertos del sector.
Hagamos el experimento, y si los resultados observados por los que saben y evaluados directamente por las comunidades no son los esperados, renunciemos con conocimiento de causa al fracking y todo lo que se le parezca. Pero si, en cambio, es posible adelantar estas actividades compensando los eventuales daños climáticos y si los habitantes de estas regiones sienten que llegan nuevos recursos para el desarrollo social y el país hace crecer su suficiencia y entran nuevos ingresos, regulemos esta técnica, aumentemos su vigilancia, pero no renunciemos a un futuro que ciertamente puede ser mejor para todos. ¡Intentemos, a ver cómo nos va!
JOSÉ MANUEL ACEVEDO