Lo del helicóptero necesita una explicación

No voy a escribir sobre el helicóptero que la señora vicepresidenta, Francia Márquez, utiliza para desplazarse a su vivienda particular en el Valle del Cauca. Dejemos que sea la Procuraduría General de la Nación la que se pronuncie sobre si la persona que ocupa el segundo cargo en importancia del país puede utilizar bienes del Estado en asuntos particulares. La alta dignataria dispone de una lujosa vivienda cerca del Palacio de Nariño y, por lo tanto, no requiere viajar con regularidad hasta ese lugar para visitar a su familia. Cuando ella dice: “De malas, pueden llorar, pueden gritar; las veces que vaya voy a ir en helicóptero le guste a la élite colombiana o no”, está retando a los colombianos. ¿Dónde quedó la humildad de Francia Márquez? ¿Por qué tanta prepotencia?

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Del helicóptero que voy a hablar es del HK 5348, propiedad de la empresa Helistar, que el pasado 23 de marzo aterrizó en la población de Policarpa, en el departamento de Nariño, para recoger a tres guerrilleros pertenecientes a las disidencias de las Farc, del llamado Comando Coordinador de Occidente, que estaban en ese pueblo haciendo proselitismo armado. Los colombianos vimos, estupefactos, por los noticieros de televisión, el momento en que los sediciosos abordaron la aeronave. Y también la concentración en la plaza de Policarpa, donde hombres armados de fusiles y ametralladoras convocaron a los habitantes del pueblo, incluidos estudiantes de planteles educativos. Mientras ellos hablaban, la autoridad brillaba por su ausencia. En el lugar no se veía ni un solo policía.

Después de ver las imágenes transmitidas por la televisión, las preguntas que los colombianos nos hicimos fueron muchas. ¿Cómo es posible que un grupo armado llegue a la plaza de un pueblo y pueda hablar a los pobladores sin que las autoridades lo impidan? ¿Quién ordenó el repliegue de la Fuerza Pública para que los alzados en armas pudieran actuar sin temor de ser atacados? ¿Quién organizó el acto público donde se dedicaron a adoctrinar a la población? ¿Quiénes les facilitaron su desplazamiento desde el campamento hasta el perímetro urbano? ¿La guerrilla se da el lujo, como lo hacían en su momento los paramilitares, de aparecerse en las poblaciones a bordo de helicópteros? La respuesta a estas preguntas solo las puede dar el Gobierno nacional.

Esa respuesta llegó rápido, pero por otros medios. El diario El Colombiano investigó sobre la presencia del helicóptero en la población. ¿Qué encontró? Nada más y nada menos que una noticia bomba: la aeronave está al servicio de la oficina del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Así como se lee. El vuelo fue pagado por el Gobierno nacional. La empresa que lo hizo tiene un contrato firmado, hasta el mes de diciembre, con la dependencia mencionada, por un valor de dos mil ochocientos millones de pesos. El argumento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es que esos vuelos están ligados al proceso de diálogo con el grupo guerrillero en aras de alcanzar la ‘paz total’. A los sediciosos transportados les fueron levantadas, con anterioridad, sus órdenes de captura.

En el vuelo viajaron tres de las disidencias de las Farc: Andrés Patiño, Esteban González y alias Marlon. Este último es conocido por ser el jefe del Comando Coordinador de Occidente y por convertirse en uno de los hombres más buscados en el Cauca tras un atentado contra la Fuerza Pública que en diciembre de 2022 dejó seis soldados muertos. Si a estos guerrilleros la Fiscalía General de la Nación les levantó las órdenes de captura, uno supone que era para desplazarse a México a hacer parte de la comisión negociadora, no para quedarse en Colombia moviéndose como Pedro por su casa para hacer proselitismo armado. El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, tiene que explicarle al país por qué estos hombres tienen privilegios para transportarse en aeronaves pagadas por el Estado y protegidos por las mismas autoridades.

Las preguntas que sobre este suceso se hizo el periódico El Colombiano deben ser respondidas. Los colombianos queremos saber por qué el contrato firmado por la oficina del señor Rueda tiene, según el periódico antioqueño, una cláusula de confidencialidad. Por la cabeza de ‘Marlon’, las autoridades habían ofrecido cien millones de pesos como recompensa. Este ofrecimiento quedó sin efecto después de que la Fiscalía levantara la orden de captura por solicitud del presidente Gustavo Petro. Con esta actuación, el Gobierno nacional confirma que está protegiendo a los delincuentes. Es decir, mientras la gente buena se siente desprotegida por el Estado, los criminales reciben toda consideración. La Procuraduría debe investigar si la Oficina del Alto Comisionado para la Paz podía hacer esto.

JOSÉ MIGUEL ALZATE