Deforestación y frontera agropecuaria

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La idea de cerrar la frontera agropecuaria con el fin de conservar y usar sosteniblemente los bosques naturales se remonta a varias décadas atrás, incluso antes de que se aprobara la Ley 2.ª de 1959, mediante la cual se establecieron, precisamente con tal objetivo, las siete grandes Zonas de Reserva Forestal de Colombia. En la exposición de motivos de esta ley se argumentó que “aproximadamente 15 millones de hectáreas de terrenos cubiertos con bosques, cuya conservación es necesaria, fueron taladas para abrir campo a la agricultura y la ganadería”. La destrucción de bosques causada por la colonización entre 1968 y 1984 se estimó por el entonces ente rector ambiental, Inderena, en otros 15 millones de hectáreas.

La ‘Política de bosques’ de 1996 determinó que para “ordenar la frontera agropecuaria” el Ministerio de Ambiente, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, formularía y establecería políticas para incentivar el uso intensivo de tierras no utilizadas en todo su potencial económico y a la vez desestimular la expansión de la frontera agrícola. Sin embargo, la Estrategia Integral de Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques, de 2018, estima que el país perdió más de 6 millones de hectáreas de bosques naturales por la deforestación, entre 1990 y 2016. Entre 2017 y 2019 se perdieron otras 575.000 hectáreas de bosques. Históricamente se ha considerado, y aún hoy se sigue considerando, la ampliación de la frontera agropecuaria como una de las principales causas directas de la deforestación.

En el acuerdo de paz suscrito en 2016 entre el Gobierno Nacional y las Farc, se estableció justamente el “cierre de la frontera agrícola” como uno de los aspectos claves del punto 1 sobre Reforma Rural Integral. Previamente, la Ley 1776 de ese mismo año, “por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, Zidres”, había dispuesto que el Ministerio de Agricultura debía “definir la frontera agrícola teniendo en cuenta las definiciones (sic) de las zonas de reserva ambiental y demás restricciones del uso del suelo impuestas por cualquier autoridad gubernamental”.

El instrumento mediante el cual se vino a concretar este compromiso del acuerdo de paz y a la vez mandato legal, es la resolución 261 de 2018 de Minagricultura, “por medio de la cual se define la Frontera Agrícola Nacional y se adopta la metodología para la identificación general”. Pero hasta ahora ha pasado desapercibida la gran metida de pata en este proceso, no fortuita, por cierto, pues oportunamente advertí sobre ello, del Ministerio de Agricultura y de la Upra, con la complacencia del Ministerio de Ambiente. En efecto, en esta norma, bajo un enfoque de corte ultrapreservacionista contrario a la noción de desarrollo sostenible consagrada en la Constitución y en la Ley 99 de 1993, además de completamente inútil, prácticamente se proscribe el uso sostenible de la totalidad de los bosques naturales del país.

Se establece la “excepción” según la cual “la Frontera Agrícola Nacional podrá incluir áreas cuya categoría de manejo con régimen de uso o derivada de la zonificación ambiental elaborada por las autoridades ambientales, permita las actividades agropecuarias; entre otras, la explotación forestal o reforestación con fines comerciales”. Esto implica que para poder hacer uso sostenible del bosque natural se tendría que ‘pasar’ el área respectiva a la frontera agrícola (!) mediante un intrincado e incumplible proceso, como si el manejo forestal sostenible no fuese posible en las áreas definidas como forestales. Absurdo. Con esta desatinada medida, que hasta ahora ha pasado de agache y tarde o temprano tendrá que ser corregida, no solo no se asegura el cierre de la frontera agrícola, sino que se genera el efecto contrario, al impedir el uso sostenible y, con ello, la conservación de los bosques. Esta resolución fue presentada por el Gobierno Nacional como histórica; para que lo sea, se debe enmendar este enorme yerro.

JOSÉ MIGUEL OROZCO MUÑOZ