Más allá de ‘Uribito’

El intenso debate de esta semana en relación con la posibilidad de conceder una segunda instancia a Andrés Felipe Arias no puede reducirse a una competencia en redes sociales entre simpatizantes y contradictores del exministro uribista. Tampoco se trata de dilucidar en la opinión pública, por encima de las decisiones judiciales, si Arias es culpable o no. Las autoridades y los órganos de control en su momento determinaron su responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

El debate es entonces muy distinto. El exministro fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en única instancia, conforme a normas que desde hace tiempo eran cuestionadas porque se negaba el derecho a una doble instancia consagrada en el ordenamiento jurídico internacional.

Por ello, en el gobierno anterior se presentó, por iniciativa de la misma Corte Suprema, un proyecto de reforma constitucional para adaptar la legislación. Se crearon dentro de la Corte nuevas salas y procedimientos, sin duda más garantistas, que se aplican desde su entrada en vigor en todas las investigaciones a aforados, incluido el sonado episodio judicial contra el senador Álvaro Uribe.

Con base en esta reforma y en jurisprudencia constitucional reciente, la defensa del exministro interpuso tutela contra la condena de la Corte Suprema, solicitando que se garantice la doble instancia. Será ahora la Corte Constitucional la que defina el tema. Aunque expresamente la norma prohibió su aplicación retroactiva, son varias y destacadas las voces de estudiosos del derecho que señalan que en este caso se debe garantizar una revisión del fallo, más allá de la válida discusión técnico-jurídica sobre si debería reconocerse el derecho a la doble conformidad o el de la doble instancia.

Inmediatamente se desatan las pasiones personales y políticas, y como en un clásico en El Campín o el Atanasio Girardot, las barras bravas saltan sin mayores argumentos a fustigar a la Corte, anticipándose al sentido de la decisión, que en ningún caso significará cambiar el sentido del fallo inicial, ordenar su libertad, descalificar por arbitrario el fallo de la Suprema o señalar que Arias es un perseguido político. Simplemente, de ser favorable, se concedería la posibilidad de impugnar su fallo condenatorio.

En su momento fui uno de los promotores en el Senado del debate político al exministro Arias, y sigo convencido de que actuó mal, cometió serias irregularidades y nunca debió evadir la justicia colombiana. Sin embargo, más allá de esa convicción personal, la posibilidad de conceder la tutela tiene sustento no es descabellada. Difícil decisión, que tendría repercusiones no solo jurídicas, sino políticas, más allá de un nuevo y duro choque de trenes en las altas cortes. Es cierto que si la Corte Constitucional concede ese derecho a Arias, vendrá un alud de tutelas de más de 200 aforados condenados bajo idénticas reglas. Por eso se deben tomar muy serias precauciones en materias tan sensibles como las posibles libertades por prescripción de los delitos o el restablecimiento de derechos políticos. El fallo de los próximos días abrirá o cerrará puertas de manera definitiva, y todos deberíamos comprometernos a respetarlo.

Ahora bien, como la política es dinámica, no deja de resultar irónico que esta oportunidad que se abre hoy a Arias, al igual que la investigación con plenas garantías contra el senador Uribe, haya sido posible precisamente gracias a una iniciativa impulsada en la recta final del gobierno anterior, que supuestamente los perseguía ferozmente. Y que sea la misma Corte que los uribistas calificaron irresponsablemente de “bolsillo de Santos” la que eventualmente reconozca ese derecho. Vivir para ver.

JUAN FERNANDO CRISTO