Reforma o colapso

Las elecciones regionales del domingo pasado fueron como del primer mundo en Bogotá, Medellín y la mayoría de los principales centros urbanos, y del tercer mundo en el resto del país. Y dentro de cuatro años será peor si no se asume con urgencia la necesidad de avanzar en una profunda reforma política que debemos a la ciudadanía desde hace tiempo.

El sistema es cada vez más incapaz de garantizar un ejercicio libre del voto más allá de las capitales. Los partidos, cada día más débiles, se limitan a su condición de fábrica de avales. Son las estructuras territoriales, sin ideología alguna, las que imponen sus candidatos a base de plata, mafias de la contratación, violencia y utilización descarada de los recursos públicos. En esta ocasión aumentaron los escándalos por la intervención de gobernadores y alcaldes en favor de sus pupilos, financiación irregular y fake news.

Ante este contradictorio panorama, lo peor que se puede hacer es mirar hacia otro lado como si nada pasara, eludir el debate y caer en la doble moral de señalar unos chivos expiatorios sin atacar el problema de fondo. Se requiere una cirugía radical del sistema, que comienza por la financiación estatal de las campañas para garantizar igualdad y transparencia en la competencia electoral. Son muchos los candidatos nuevos, serios, decentes en todo el país, que fracasaron en su intento de servir a su región simplemente porque fueron atropellados por los torrentes de dineros, la mayoría ilícitos, que llegaron a las campañas. Las cifras que se mencionan son francamente absurdas e indignantes.

Solo cuando se prohíba la circulación de dinero en efectivo y se cierren con candado las puertas de la financiación privada se podrá garantizar mayor transparencia. Los dineros que invierte hoy el Estado en las elecciones por concepto de reposición de gastos serían mejor utilizados como financiación previa e igualitaria para partidos y candidatos.

Esta medida, que incluso se puede adoptar temporalmente para evaluar en el tiempo su efectividad, debe acompañarse de la creación de una autoridad electoral realmente independiente y autónoma, técnica y meritocrática, que cuente con los dientes necesarios para perseguir con eficacia, y en tiempo real, los delitos electorales y las prácticas corruptas, que se generalizan especialmente en estos comicios regionales.

Finalmente, junto con la financiación estatal y la autoridad electoral independiente y despolitizada, deben llegar la eliminación del voto preferente y la organización democrática interna de los partidos de manera obligatoria. Solo cuando las campañas dejen de referirse a intereses personales y se traten de la defensa del interés colectivo y de las ideas de los partidos, estos recuperarán su capacidad de interpretar los anhelos de la ciudadanía.

Las listas cerradas y bloqueadas contribuirían enormemente a una operación limpieza de la democracia colombiana. Mientras no tomemos esas decisiones de fondo, dolorosas para algunos, cada cuatro años los elegidos serán peores y crecerán los escándalos de corrupción de quienes llegan a saquear las istraciones.

Esta tríada de medidas podría generar un círculo virtuoso de mejores prácticas, mejor política y mejores gobernantes. Lo intentamos en el 2015, y fuimos derrotados en plenaria de Senado con los votos del Centro Democrático en contra. Insistimos en el 2017, pero los intereses particulares de algunos candidatos y jefes políticos, y la proximidad del debate electoral, impidieron avanzar.

Hay ya suficientes estudios de expertos. Sabemos que debe hacerse. Solo falta la decisión clara y contundente para hacerlo. Anímese, Presidente. Con franqueza, reconozca que este sistema colapsó y convoque un gran pacto nacional por la recuperación de la política. Ahí estaremos.