Basta de bloqueos criminales

He repetido muchas veces en estas columnas que hay algunas razones justas para ciertas protestas y que el Estado colombiano tiene que asumir con fervor el diálogo social. He insistido en la necesidad de escuchar con atención y espíritu constructivo las voces de los jóvenes y he señalado la importancia de poner en marcha programas eficaces que beneficien sobre todo a las juventudes populares, que merecen un futuro mejor. Parto de esos principios.

Pero nada de eso justifica que se sigan perdiendo vidas, afectando derechos de personas inocentes y generando multimillonarias pérdidas económicas e irreparables pérdidas de empleos por unos bloqueos criminales orquestados o apoyados en muchos casos, según dicen las autoridades, por fuerzas al margen de la ley, ajenas por completo a los grupos de civiles desarmados que han protestado en distintos lugares del país.

El Estado tiene que levantar los bloqueos. El Estado tiene que desbloquear las vías. El Estado tiene que hacer respetar la palabra del Presidente, quien dijo que lo haría con todo apego a la ley. El Estado no puede permitir que la palabra presidencial se convierta en objeto de burlas. El Estado no puede tolerar que pisoteen los derechos de millones de colombianos afectados por los bloqueos ilegales, por los bloqueos criminales.

Diálogo social, sí; bloqueos, no. Concertación popular, sí; vías de hecho, no. Acuerdos de inversión para proteger a los más vulnerables, sí; vandalismo, no. El Gobierno debe ser el primero, con su ejemplo, en hacer diferenciar las pretensiones de quienes protestan en paz de los comportamientos vandálicos, las vías de hecho y los bloqueos criminales. El Gobierno no puede seguir tolerando esta degradación como si eso fuera normal. Seguirlo tolerando envía un peligroso mensaje de impotencia, abre puertas a impredecibles destinos en un país en el que las mayorías ciudadanas son antianarquistas.

Y así como creo que se requiere mayor fortaleza colectiva para impedir las vías de hecho, creo que a los dirigentes del paro, a muchos voceros de fuerzas sociales legítimas y a muchos líderes de la oposición les ha faltado contundencia para rechazar estos caminos criminales de los bloqueos y el vandalismo. Es como si no entendieran que los primeros afectados por esas acciones son ellos mismos, pues se va volviendo muy difícil distinguir en algunas ciudades dónde está la raya entre quienes protestan pacíficamente y quienes estimulan la criminalidad vandálica.

Por todo lo anterior, una de las primeras tareas de la Vicepresidenta Canciller será explicarles a despistados burócratas internacionales y a locuaces y sesgados analistas de la realidad colombiana desde apoltronados despachos en el extranjero, donde solo llegan voces de los malquerientes de Duque, que los bloqueos en Colombia son criminales y que afectan derechos humanos fundamentales de millones de compatriotas.

Bien podría empezar por la señora Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, quien ha brindado inaceptables declaraciones justificando los bloqueos criminales. Lo dijo Francisco Lloreda: “Esto significa que para la CIDH, los derechos de la mayoría de ciudadanos no valen. Para ese órgano, si hay corredores, están garantizados los derechos fundamentales de las personas. Es decir, siempre y cuando al secuestrado le den una ración diaria de comida, un radio y sus medicinas, todo bien. Migajas de derechos, rogados y con cuentagotas: esos son los derechos que esa comisión les garantiza a los caleños y a los colombianos”.

De manera que le llegó la hora al Gobierno de actuar con firmeza, determinación y todo el sentido de autoridad para levantar los bloqueos, con plena observancia de las garantías aplicables. Y que no se confundan... esto no es un punto de honor para Iván Duque, es una necesidad institucional y una urgencia nacional.

JUAN LOZANO