Cuando uno analiza los discursos del presidente Petro y la narrativa del Eln, encuentra dos temas neurálgicos en los que ambos coinciden: transformaciones y participación ciudadana. Las transformaciones son vistas como el punto de llegada, mientras que a la participación ciudadana se la considera el camino para lograrlo.
El presidente Petro sostiene que su gobierno tiene como propósito final llevar a cabo las transformaciones que “garanticen los derechos universales” y promuevan “más democracia”. Para el Eln, el objetivo final de una negociación es resolver “las causas del conflicto”, en lugar de sus “consecuencias”. Considera que el punto de llegada de un acuerdo de paz es realizar “las transformaciones necesarias para democratizar el país”.
Su énfasis no se centra en la desmovilización ni en las curules en el Congreso, sino en la participación ciudadana, vista como el camino por el cual se llega a las raíces del conflicto y a la definición de tales transformaciones. Esto hace que, a diferencia de las negociaciones anteriores, los acuerdos no se definan entre el Gobierno y el grupo insurgente, sino que “en el corazón de la salida política al conflicto debe haber un proceso de democratización de la sociedad”, que comienza desde el propio proceso de diálogo haciendo que “la voz del Eln sea la voz de la sociedad”.
Estos espacios de participación no distan mucho de los Diálogos Regionales Vinculantes implementados por el gobierno Petro antes de la construcción del Plan de Desarrollo, ni de la propuesta de asambleas populares para todos los municipios de Colombia que hizo el Presidente el pasado 7 de junio.
Ambas partes parecen ver esto como el mecanismo que ejerce presión y garantiza que las transformaciones sociales se lleven a cabo.
En esencia, tanto el Gobierno como el Eln plantean crear espacios fuera de la institucionalidad existente para recoger las propuestas ciudadanas. Pareciera que la democracia representativa, como mecanismo para recoger tales demandas de la sociedad a través de representantes elegidos por medio del voto, no fuera suficiente.
Este pensamiento de ampliación de la democracia más allá de los cuerpos colegiados se relaciona, de alguna manera, con el llamado a la movilización social hecho por el Presidente en diversas ocasiones, y con las palabras de Antonio García, comandante del Eln, quien ha afirmado que “es necesario llevar la política a las calles y las comunidades, ya que no cabe en el estrecho marco del Parlamento”. Ambas partes parecen ver esto como el mecanismo que ejerce presión y garantiza que las transformaciones sociales se lleven a cabo.
No obstante, también existen discrepancias. Después de la firma de los acuerdos de Cuba, hemos sido testigos de tres de ellas. En primer lugar, si el cese del fuego firmado incluye o no el secuestro. Mientras la delegación del Gobierno dice que está prohibido, el Eln sostiene que no forma parte de los acuerdos firmados. A esta diferencia se añaden las contradicciones públicas entre ambas delegaciones sobre si se ha hablado de un fondo de financiamiento para sostener a la organización. Adicionalmente, no es claro qué significa la fecha de marzo de 2025 mencionada en el acuerdo. Mientras el Presidente dice que para este momento “cesa definitivamente la guerra de décadas entre el Eln y el Estado de Colombia”, esta organización lo corrige y señala que esa fecha lo que establece es el tiempo hasta el cual se llevará a cabo el proceso de participación de la sociedad.
Que haya coincidencias y discrepancias en una negociación es normal. Sin embargo, lo que preocupa en este caso es que las coincidencias se presenten en los aspectos donde debería haber diferencias y las diferencias surjan sobre los temas donde debería haber acuerdo.
JULIANA MEJÍA