#JusticiaParaFátima

Esta vez fue en México, pero perfectamente podría haber sido en cualquier colegio de Colombia. Fátima, una niña de 13 años fanática del k-pop, presuntamente fue lanzada al vacío desde un tercer piso por una compañera de clase que junto a dos menores más la habían hostigado psicológica y físicamente durante varios meses. Aunque aún la Fiscalía está en etapa de investigación, con múltiples fracturas en la cadera y la pelvis, Fátima se encuentra en delicado estado de salud y podría no volver a caminar.

(Le puede interesar: Colaborar con robots).

De acuerdo con la Embajada de Corea, en un contundente mensaje de rechazo, la causa de la agresión fue su preferencia por la cultura de ese país. Pero lo cierto es que, como suele suceder en estos casos, la excusa podría haber sido cualquiera: su aspecto físico, su situación económica, origen, identidad, intereses o simplemente pensar diferente.

Fátima hizo lo correcto: pidió ayuda a su familia y desde el 13 de diciembre reportó su caso ante las autoridades escolares, que la derivaron a un hospital donde recibió un diagnóstico de depresión. Pero, según su padre, más allá de este acompañamiento, nadie hizo nada para detener la situación: ni el colegio, ni sus profesores, ni los padres de los presuntos agresores ni sus compañeros, quienes quizás sin plena conciencia del impacto de ser espectadores pasivos, con silencios y risas, permitieron que el acoso escalara.

La historia de Fátima, desafortunadamente, no es excepcional e ilustra la realidad que viven miles de niños, adolescentes y jóvenes que son víctimas de bullying, incluso desde los 4 años. Según el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (Siuce), presentado el pasado 5 de febrero, en 2024 en Colombia se reportaron 7.807 casos de acoso escolar: 4.749 de tipo II (bullying y ciberbullying sistemático, recurrente o que causa daños al cuerpo o a la salud sin incapacidad) y 3.058 de tipo III (casos que constituyen presuntos delitos establecidos en la ley penal), siendo la discriminación por aspecto físico la causa más recurrente.

Una cifra que, aunque impacta, es solo la punta del iceberg, pues no reporta los casos de tipo I y el subregistro es tan alto que el 17 por ciento de los colegios ni siquiera han creado un en el Siuce y el índice de ingresos efectivos es de tan solo el 34 por ciento. Según el análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, basado en los datos Pisa (2022), el 23 por ciento de los estudiantes en Colombia reportaron ser víctimas de acoso escolar o bullying de manera regular o constante.

La Procuraduría —que ha hecho un seguimiento extraordinario verificando la implementación de los protocolos en los colegios con visitas sorpresa— alerta de que existe un "ambiente de vulnerabilidad que debe ser tratado con mayor atención por las autoridades educativas y padres de familia".

Varios coordinadores de convivencia escolar consultados para esta columna coinciden en que es necesario intervenir e invertir más en los colegios, pero no es suficiente. Hay una amplia corresponsabilidad de los padres de familia que minimizan e incluso respaldan el comportamiento de sus hijos en las etapas tempranas de acciones pedagógicas correctivas, exponiendo a sus propios hijos a consecuencias penales e invalidando a las víctimas.

Los efectos del acoso escolar son profundos y duraderos. El LEE advierte que "genera consecuencias devastadoras (…) impactando áreas cruciales del desarrollo humano, como la socialización, la salud mental y el rendimiento académico". Por su parte, una investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, confirmó que las víctimas de bullying crónico durante la infancia tienen una mayor probabilidad de desarrollar depresión o considerar el suicidio en la adultez. Además, la correlación entre acoso y deserción escolar es enorme. El domingo pasado, EL TIEMPO reveló que 700.000 estudiantes han abandonado el colegio en los últimos dos años, y el aumento en las cifras de acoso es una de las principales causas. De acuerdo con la 'Encuesta de opinión en educación' de la Fundación Empresarios por la Educación (2023), el 48 por ciento de la deserción escolar en Colombia se atribuye a conflictos y violencia en el entorno educativo, lo que incluye el acoso escolar.

Más allá de la ola de indignación, #JusticiaParaFátima busca generar un cambio inmediato en toda la comunidad educativa no solo apelando a la empatía, sino advirtiendo sobre las implicaciones emocionales y penales del bullying y el ciberbullying: “Ser fan no es un crimen, tu hate sí”.