Pero aquí no terminan las rarezas. Sobre la evolución del punto uno, Petro resolvió decir que es un invento de los medios que él esté hablando de constituyentes. Que de lo que habla es de un “poder constituyente” y que “no se debe confundir el objetivo con los medios”. Explica que ese poder constituyente es el poder del pueblo, su capacidad de decisión y de organización.
Interpretando sus palabras, muchos creen que lo que pretende Petro basado en su nuevo gurú político, el mamerto italiano Dani Negri y lo que sostiene en su libro ‘Poder constituyente’, es convocar a comunidades, estudiantes, trabajadores, a través de asambleas de barrio y de veredas que le aprueben sus proyectos que el Congreso no le ha apoyado. Con esta fórmula, Petro se salta al Congreso. ¿Pero será capaz de hacerlo con la Corte Constitucional, cuya obligación será la de declarar inexequibles las reformas constitucionales que firme el Presidente a través de decretos?
Y no obstante su ‘switch’ de asamblea constitucional a poder constituyente, porque sabe perfectamente que por vías legales no puede saltarse lo dispuesto por la Constitución para sus reformas; y pese a su insistencia en que no está interesado en reelegirse, hizo su aparición en el panorama otro personaje: el muy controvertido exfiscal Eduardo Montealegre, ahora en la tarea de decirle que sí a todo lo que Petro dice que no. Incluso, anunció en Caracol Radio estar al frente de un equipo de abogados que ya está redactando el proyecto de una constituyente por decreto (no dijo quiénes son los demás) y que este incluirá no solo la prolongación del período presidencial, sino la inmediata reelección del mandatario.
Me he preguntado qué hace Montealegre en esa misión y no tengo sino tres interpretaciones. O por lagarto, o por afán de notoriedad sumido en su desprestigio o porque, de pronto, de pronto, Petro le estaría jugando al que no quiere pero sí quiere.
De Montealegre no es sino repasar su triste paso por la Fiscalía, que nunca se le cobró. Previamente, cuando Uribe le daba contratos, era con él y con su familia totalmente obsecuente. Cuando ya no tuvo más poder, lo acusó de genocida y se hizo declarar “víctima” del expresidente.
Luego se le acercó a Santos y se hizo ternar a fiscal, bajo el entendido de que el elegido solo duraría en el cargo 18 meses hasta completar el período de Viviane Morales. Pero apenas se posesionó comenzó a ambientar la tesis, y finalmente la ganó, de que el período del fiscal es personal y no institucional.
En esto el Consejo de Estado cambió, por cuenta del poder de Montealegre, su jurisprudencia. Con la consecuencia de que muchos de los que le ayudaron a quedarse cuatro años resultaron premiados, a su retiro de consejeros, con jugosos contratos en la Fiscalía de a 500 millones, 800, 1.000 y uno de hasta 1.500 millones, a cambio de que los premiados le dieran a la Fiscalía “concepticos”. Fue también la época de la racha de contrataciones en la entidad, gracias a que Santos, a quien después acusaría de “traidor”, le aprobó una ampliación millonaria de la nómina de la entidad. Entre los contratados más memorables estuvieron Natalia Springer y Gustavo Moreno (después zar anticorrupción). La plata le alcanzó para la insólita figura de nombrar “embajadores” de la Fiscalía ante el mundo. Para no hablar de la universidad de la Fiscalía, en la que se tiró 30.000 millones de pesos y que nunca tuvo más de 31 alumnos.
Pues este es el personaje que hoy anda diciéndole a Petro que se meta en una constituyente, en una ampliación del período y en una reelección inmediata que el favorecido niega que esté entre sus planes.
Pero como ya los medios cogieron a Petro en la mentira de que no dijo lo que sí dijo, ¿cómo hacer para creer en la palabra de Petro y que lo de Montealegre es apenas otra lagartada de un trepador, que de imponerse, y me refiero a la constituyente por decreto, carecería de cualquier valor jurídico?
De sancionar Petro esa modalidad de convocatoria a una constituyente que, es seguro porque es su deber, la Corte Constitucional declarará inexequible, se producirá en Colombia una lucha de legitimidades que, ahí sí, los únicos que podrán dirimir serán los propios colombianos, quién sabe si en un ambiente democrático o en medio de una confrontación civil.
MARÍA ISABEL RUEDA