La buena gerencia pública: ¿aún importa?

Uno de los temas más apasionantes para mí es la buena gerencia pública. En un país tan diverso como Colombia, hablar de gerencia pública no debería ser solo un ejercicio técnico. Deberíamos tener, permanentemente, una conversación sobre cómo transformar los recursos públicos en soluciones para la gente, soluciones reales que con bienes y servicios atiendan las necesidades de los ciudadanos.

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Recientemente, tuve la oportunidad ser invitada por una universidad a hacer, con secretarios de Planeación y Hacienda de varios municipios, talleres sobre presupuesto, regalías y el Sistema General de Participaciones. En otras palabras, cómo gestionar adecuadamente los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos.

El programa avanzó sin contratiempos. Las clases fueron amenas, con preguntas técnicas que generaron un intercambio enriquecedor. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando discutimos sobre cómo el presupuesto público se debe transformar en bienes y servicios que generen valor para los ciudadanos, atendiendo sus necesidades con equidad e inclusión.

La conversación trascendió lo técnico. La clase se llenó de reflexiones profundas sobre el significado del servicio público. Los participantes llevaron la discusión a un análisis crítico sobre cómo los gobiernos deben responder a la diversidad cultural, étnica y ambiental. La igualdad ante la ley es un principio fundamental de nuestra Constitución, pero, como señalaron, no siempre se refleja en cómo se diseñan y ejecutan los programas públicos.

Compartieron ejemplos positivos, como el programa de acueducto de Bucaramanga, que logró optimizar los costos operativos y aumentar la cobertura llevando agua de calidad a más personas, generando eficiencia pública, o los programas de Gobierno Abierto, que aumentaron la confianza ciudadana en Nariño y Bogotá. También, de la necesidad urgente de fortalecer la educación ambiental para comprender las limitaciones del entorno y generar políticas más sostenibles y disfrutar del medio ambiente como una política de inclusión.

Se expusieron algunos desafíos, sobre cómo los mecanismos de participación ciudadana –referendos y consultas populares– se desvirtúan a veces y son utilizados como herramientas de presión y promoción política, en lugar de servir para una participación real que beneficie a todos.

Contrastamos iniciativas de atención social fragmentadas con iniciativas de atención integral de otros países, como el programa ChileAtiende, que reúne toda la oferta estatal para ofrecer información y servicios oportunos en salud, educación, cultura y trámites ciudadanos. O el modelo de participación ciudadana de los Países Bajos, que les permite a los ciudadanos diseñar y ejecutar soluciones a los problemas urbanos de sus barrios y localidades.

En el análisis sobre cómo la corrupción golpea la inclusión, reflexionamos acerca de los múltiples organismos de control, justicia y regulación que existen en Colombia y cómo, a pesar de su presencia, los recursos públicos continúan siendo malversados. De hecho, según Invamer, algunos tienen una percepción ciudadana desfavorable desde hace más de 15 años.

Discutimos sobre equidad, sobre a educación, empleo y salarios en condiciones de igualdad para las mujeres, de cómo se ha venido mejorando, pero aún falta reconocimiento a sus capacidades técnicas y ejecutivas. En América Latina solo México, Perú y Honduras están liderados por mujeres, lo cual evidencia que, aunque hay avances, la representación femenina en posiciones de liderazgo político sigue siendo limitada. Al final, reafirmamos que la buena gerencia pública no solo importa, es esencial. Y no se trata solo de números, presupuestos o indicadores. Se trata de conectar políticas con personas, de trabajar con transparencia e integridad, y de garantizar que nadie quede atrás.