La cultura política democrática necesaria para una constituyente

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El concepto teórico clásico de ciudadano recoge y acumula tres culturas: la liberal, la republicana y la democrática, que, aunque en sus orígenes han invocado principios y valores diferentes, han llegado a integrarse en lo que se denomina hoy democracia liberal o Social democracia.

En su acepción moderna, el concepto de ciudadano tiene como premisa al individuo liberado de sus ataduras comunitarias, pero abandonado a sus propias fuerzas. Y es que la idea misma de individuo es producto de la lucha contra las jerarquías corporativas que concibieron y valoraron siempre a los hombres en función de criterios tales como el designio divino, el nacimiento o la guerra, y no en tanto personas nacidas con igualdad de derechos.

La idea de ciudadanía implica, asimismo, ir más allá del espacio privado, que es el área de las necesidades más inmediatas del hombre y de la lucha por satisfacerlas, según afirma Zygmunt Bauman, en nuestro hemisferio se vive un “estado de anomia ideológica”, ni autonomía ni heteronomía. No hay autonomía, lo que significa que, al no haberse adquirido el hábito del pensamiento crítico, la gente no sabe darse a sí misma una ley.

En el mundo moderno, caracterizado por la diferenciación entre lo privado y lo público, el hombre tiene una existencia privada que lo hace ser o burgués, o proletario o, también, miembro de la clase media, etc., mientras que en el espacio público aparece alejado de dichas denominaciones y reconocido formalmente como individuo sin distingos étnicos, raciales, sociales, ideológicos, económicos, etcétera.

El ciudadano es el protagonista de la esfera pública, ya claramente diferenciada de la privada. Adicionalmente, ya no es un súbdito del Estado que solamente está llamado a obedecer los dictados del poder o a someterse bajo el imperativo de la fuerza, sino que participa directa o indirectamente en el diseño de dichos dictados y, desde luego, en la fundamentación misma del poder del Estado, al ser el titular de la soberanía.

De ahí que un elemento principal de la orientación política democrática sea la creencia de que se tiene cierto control sobre las elites políticas y en las decisiones que estas adoptan.

El modelo cívico, fórmula específica con la que se identifica a la cultura política propia de democracias estables y asentadas, supone la existencia de individuos racionales que en la esfera privada son egoístas e interesados, porque velan por la promoción de sus intereses, mientras que en la pública son responsables y solidarios. Es ahí donde se recrea el presupuesto de la supremacía de la esfera pública sobre la esfera privada, que es una herencia republicana.

La noción de ciudadano se expresa nítidamente en el término elector (o votante), que es una categoría jurídicopolítica básica que iguala a los individuos entre sí, puesto que desde que se instauró el sufragio universal y secreto en el curso del siglo XIX y principios del XX cada elector, independientemente de su situación social particular, tiene el mismo peso al ejercer su derecho al sufragio. En otras palabras, el voto de un millonario o del presidente de la república cuenta lo mismo que el de un desempleado, un campesino o una ama de casa.

El ciudadano quiere, al igual que el elector, ser antes que nada un sujeto activo de la política, un miembro de la sociedad con capacidad para nombrar a sus representantes y a sus gobernantes; pero también, quiere organizarse en defensa de sus derechos, para ser escuchado por el gobierno y, en fin, para influir en los rumbos y direcciones de la vida política en el sentido más amplio. De ahí que una premisa básica de los valores y actitudes democráticas sea la participación voluntaria de los de una población.

Tal vez sea la nítida comprensión de esta formulación analítica la que haya llevado al presidente Petro a plantear la tesis de la constituyente popular.