La farsa electoral de Venezuela

Venezuela es una dictadura totalmente indefendible. Desde las elecciones realizadas en 1998, en las que fue elegido Hugo Chávez, no ha existido un solo proceso electoral legítimo y la estrategia es la misma que quiere plagiar el Gobierno colombiano.

Una vez llegó al poder, Chávez convocó una asamblea nacional constituyente en la que comenzaron a verse cosas muy raras. Mientras que en las elecciones constituyentes el oficialismo chavista obtuvo un 65 % de la votación, se terminó quedando con un 95 % de los escaños. Con semejante arbitrariedad nació una Constitución ilegítima que acabó con las instituciones por medio de diversos mecanismos: 1) Eliminó la Corte Suprema de Justicia y la reemplazó por el Tribunal Supremo de Justicia, en cuya elección el presidente tiene incidencia directa. 2) Creó el poder electoral en cabeza del Consejo Nacional Electoral, y en su elección también tiene incidencia. 3) Implantó el poder ciudadano, a través del cual controla las elecciones regionales.

A través de este andamiaje, el chavismo se ha asegurado el poder en elecciones que son una burla a la comunidad internacional. Han sido décadas en las que la oposición ha sido fuertemente reprimida. Arrestos, torturas, exclusiones y maltratos han hecho que la comunidad internacional, encabezada por la propia ONU, haya emitido fuertes comunicados al respecto. Cientos de políticos y periodistas han sido encarcelados, y el hambre ha hecho huir a más de 7 millones de venezolanos de su país, siendo el segundo éxodo más grande del siglo XXI, después de la guerra de Ucrania.

Sin embargo, no se trata solo de una situación vieja. Hace solo 3 meses el fiscal general de Venezuela emitió órdenes de aprehensión para 14 líderes opositores, acusándolas de traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales en relación con la disputa territorial del Esequibo, la cual enfrenta a Venezuela y a Guyana. Lo cual fue condenado duramente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La CIDH rechaza las medidas adoptadas por el Ministerio Público de Venezuela dirigidas a obstaculizar la participación de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024. Urge al Estado a abstenerse de detener arbitrariamente a personas de la oposición, liberar a las personas presas políticas y permitir la participación política en condiciones de igualdad”. Sin embargo, no fue lo único. El hecho más grave que ha sucedido fue la inhabilitación sin justificación alguna de María Corina, quien según las encuestas iba por fin a derrotar a Nicolás Maduro.

El propio secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó cualquier acontecimiento que pueda obstaculizar las garantías electorales en Venezuela, y así lo han hecho otros líderes en todo el continente, comenzando por Gabriel Boric, cuyo canciller señaló: “La citada medida afecta seriamente la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y libres, con participación plena de todos los candidatos y candidatas, contraviniendo los Acuerdos de Barbados validados por la comunidad internacional”. El presidente chileno ha sido un claro ejemplo de dignidad.

Por lo anterior es lamentable que en nuestro país estemos presenciando el entierro político del canciller Murillo, quien no contó con la estatura moral para oponerse a una dictadura a la que ya no le queda el disfraz de democracia y cuando la historia lo juzgue, como señaló Mandela, no será recordado por haber hecho lo correcto y sí por haberle dado la espalda a la ciudadanía venezolana.

En su conciencia pesarán los muertos, torturados y demás familias desintegradas que seguirán padeciendo un régimen criminal, y las generaciones futuras juzgarán la indiferencia, el cinismo de dicho acto que no estuvo a la altura de los ideales del humanismo, al ser actor de reparto de una farsa electoral.

LUIS FELIPE HENAO

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