Los escándalos de corrupción y las disputas en el círculo íntimo del presidente Petro han permitido hacerse una imagen acerca de cómo se distribuye y se ejerce el poder en el actual gobierno. Las situaciones que se han vuelto públicas son ciertamente vergonzosas, pero hay que analizarlas con pinzas para distinguir qué es lo nuevo en la conformación del poder y qué guarda similitudes con los vicios de la vieja política. No son detalles irrelevantes: indican hasta qué punto un gobierno autoproclamado como el del cambio va a ser capaz o no de ofrecerle a la ciudadanía una alternativa creíble a su decepción con la clase política.
A grandes rasgos, la información de la que se dispone es que Petro gobierna con dos facciones. Una, compuesta por dirigentes provenientes del M-19 y compañeros de lucha de izquierda de vieja data. Esta facción reclama una mayor influencia y representación en cargos de poder en reconocimiento a su compromiso con Petro y también por estar más sintonizado con su propuesta ideológica de gobierno. Podría uno caracterizarla como la facción de los rebeldes.
La otra facción está compuesta por funcionarios y asesores recién llegados al círculo íntimo de Petro, en especial Laura Sarabia. Esta facción, además de no haber acompañado a Petro en su larga carrera política desde la oposición al establecimiento, no está comprometida con sus convicciones ideológicas. O para decirlo de manera más clara, acompañan al presidente en sus políticas porque para eso ocupan sus cargos, pero no lo hacen por convicción. Muy probablemente, si dependiera de ellos serían más pragmáticos y menos dogmáticos en la formulación de políticas públicas. Aunque eso es lo de menos, lo importante es aprovechar el al poder que tienen por la cercanía a Petro.
Tanto la facción de los rebeldes como la de los recién llegados se disputan los nombramientos, los recursos y la influencia en el Gobierno. La competencia ha llegado a ser tan feroz que la propia primera dama, Verónica Alcocer, quien está alineada con los recién llegados, procedió a demandar a los de la facción rebelde por inventar información que la involucraba con la desviación de recursos en la UNGRD. Los cambios de esquemas de guardaespaldas también indican cómo anda de mal la confianza entre las dos facciones que tienen mayor al poder presidencial.
¿Hay una recomposición social y política de quienes manejan el Estado? ¿Habrá un cambio de rumbo en la forma de gestionar las políticas públicas?
La facción que pareciera ganar, de momento, es la de los recién llegados. Tienen la enorme ventaja de contar con la funcionaria que en la práctica maneja el gabinete en un gobierno en que el Presidente se mantiene desentendido de sus ministros.
Se intuye que dentro de las facciones existen hechos graves de corrupción. Lo ocurrido con Nicolás Petro en la campaña, el episodio de Laura Sarabia con Benedetti, los carrotanques, los pagos a los congresistas, los pasaportes, entre otros tantos escándalos, así lo muestran. Quizá se esté, incluso, a punto de desvelar una situación aún peor con las denuncias alrededor del caso del hermano de Laura Sarabia. La denuncia la hizo María Jimena Duzán, quien dista mucho de ser una periodista de oposición y de derecha y sostiene que detrás hay contratos millonarios.
La pregunta es si esa división de facciones se replica en otros niveles de gobierno. ¿Estamos ante la llegada de activistas rebeldes que compiten por los cargos y recursos del Estado con una clase emergente de funcionarios y asesores desideologizados? ¿Hay una recomposición social y política de quienes manejan el Estado? ¿Habrá un cambio de rumbo en la forma de gestionar las políticas públicas? ¿Serán tan o más corruptos que la clase política tradicional?
Las respuestas a las preguntas apuntan a que sí. Para efectos prácticos se mantendrá la misma decepción de los colombianos con su dirigencia política.