Los riesgos de la elección popular de los jueces

Desde su creación en la Constitución de 1821, la Rama Judicial ha sido el principal bastión de la democracia en Colombia. A los jueces y magistrados de este país les debemos no solo la defensa de los derechos de los ciudadanos, sino que han entregado su propia vida ante los ataques al Estado de derecho, como sucedió con tantos jueces y fiscales asesinados por la delincuencia o cuando se masacró a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la toma del Palacio de Justicia, financiada por el narcotráfico.

Por ello, los colombianos debemos proteger a nuestra justicia del más reciente ataque en el que se le quiere politizar mediante la absurda propuesta de que los jueces sean de elección popular, modelo que está lleno de riesgos:

El primer problema de la elección popular es la financiación de las campañas de los jueces. Las agresiones del presidente Petro al Consejo Nacional Electoral demuestran que cualquiera podría tomar su ejemplo y en vez de respetar la autonomía judicial diría que lo quieren tumbar y atacar personalmente a sus investigadores. Mientras tanto, la justicia se llenaría de conflictos de intereses, pues los contratistas podrían financiar a la jurisdicción istrativa, los dueños de tierras financiar la justicia agraria o los sindicatos a la justicia laboral, mientras el principio de imparcialidad es destrozado.

El segundo riesgo es el de los topes de las campañas. Los abogados más idóneos pero sin recursos serían relegados por abogados que tengan millones para financiar campañas multimillonarias de otros que tengan mejores financiadores y al final el principio del mérito que ha venido siendo aplicado por siglos en la Rama Judicial se iría a la basura. Si para el Pacto Histórico la violación de los topes electorales no significa nada, por qué ha de serlo para los jueces en campaña.

El tercer problema es el populismo punitivo. Criminólogos como Loïc Wacquant han señalado que una de las principales causas de que en Estados Unidos reine el populismo punitivo y se condene a las personas a varias cadenas perpetuas es precisamente la necesidad de los jueces de guiarse por los deseos de las masas en vez de hacerlo por la justicia y la ley.

El cuarto riesgo, y el más complejo, es la financiación de las campañas por parte de grupos ilegales. Jueces financiados por narcotraficantes, del ‘clan del Golfo’ y de las disidencias para que nunca los capturen. Si no pasó nada con el cartel de la Picota en el que el hermano del Presidente feriaba la política criminal del país, qué podrá pasar en muchos territorios que ya son dominados por el crimen.

La elección popular de los jueces solamente se aplica en países con alto respeto por la ley y la justicia, como son Suiza o Estados Unidos, hacerlo en un país donde han existido fenómenos como la ‘parapolítica’, la ‘farolítica’ o el proceso 8.000 es un riesgo, especialmente porque cuando se investigan sus posibles responsables, en vez de defenderse judicialmente lo hacen victimizándose o diciendo que son unos pobres perseguidos, como está sucediendo actualmente. Lo más grave de la propuesta sería que tendrían que salir los jueces y magistrados actuales, quienes han sido escogidos por sus méritos, lo cual es totalmente absurdo y pondría en riesgo la istración de justicia en el país.

Como ha señalado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, el mérito debe seguir siendo la guía esencial de los procesos de elección de los jueces y magistrados, como lo ha sido durante siglos en Colombia, pues es lo único que garantiza la imparcialidad de las decisiones judiciales, lo contrario sería la politización de la justicia y la destrucción absoluta del equilibrio de poderes.

LUIS FELIPE HENAO

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