La ‘paz total’ “parece más un eslogan que una meta alcanzable”, juicio contundente de la revista ‘The Economist’. Y este caos total está defraudando a muchos electores y aumentando la violencia en las regiones.
Lo primero que hizo el Gobierno fue eliminar la Alta Consejería para el seguimiento del Acuerdo, y cada vez más se recortan los recursos para la implementación. En estos momentos, el Acuerdo Final vive uno de sus momentos más difíciles, pues lejos de impulsarse lo pactado, como punto de partida de la ‘paz total’, se está enterrando lo que se logró en La Habana.
En segundo lugar, el Gobierno viene manejando la peligrosa estrategia de deslegitimar lo pactado, como justificación de su negociación con las disidencias. De manera increíble, el presidente Petro acusó claramente a los negociadores de engañar a las Farc: “Yo he dicho se firmó ese acuerdo con la intención de aplicarlo o con la intención de desarmar a las Farc y punto. Y después, a la colombiana, refundir todas las cosas. Porque sí, como yo no soy de ese estilo, ahí sí fallé porque no aprendí esas maromas”.
Por si fuera poco, la semana pasada asistimos a una instalación del proceso con las disidencias, en las cuales no se les trata como un simple grupo residual, sino como las verdaderas Farc, olvidando que en el acuerdo de La Habana se desmovilizó más del 90 por ciento y que quienes salieron del proceso lo hicieron simplemente para dedicarse al narcotráfico.
En tercer lugar, el Gobierno ha dicho de manera muy clara que no tiene los recursos para cumplir el Acuerdo de Paz, lo que es muy curioso, teniendo en cuenta que les acaba de imponer a los colombianos la reforma tributaria más costosa de las últimas décadas. ¿Si no tiene con qué cumplir con el Acuerdo de Paz de 2016, con qué va a cumplir la ‘paz total’? Muchas preguntas nos han dejado a los colombianos estas graves afirmaciones del Gobierno.
En cuarto lugar, y lo que es más grave: lejos de mejorarse la situación de seguridad necesaria para la implementación integral del Acuerdo de Paz, está cada vez más grave, poniéndose en permanente peligro la seguridad de los desmovilizados y de las víctimas, que son las primeras perseguidas por el ‘clan del Golfo’ y por las disidencias.
El propio comisionado de Paz reconoció la semana pasada en el Congreso que los grupos al margen de la ley han aumentado en más de un 360 por ciento. Lo más peligroso es que la negociación está teniendo un efecto clarísimo: está empoderando y unificando a estos grupos. Antes de la negociación eran bandas aisladas y residuales que no tenían una dirección unificada. Hoy cuentan con un comando conjunto central, que es una especie de secretariado, y empezaron a generar frentes en muchas partes del país donde no tenían presencia.
Muy grave, por ejemplo, el anunciado relanzamiento del frente 53 en el Sumapaz, apenas a unos pocos kilómetros de Bogotá. Y ya se han anunciado nuevos bloques en zonas donde no operaban como Huila, Tolima y Santander.
No podemos olvidar nuestra historia. La idea de las Farc era paralizar la vida económica del país: “Y cuando la fase de lucha esté en pleno desarrollo, las columnas y compañías móviles despegarán a la toma de posiciones en el centro de despliegue, que debe coincidir con la insurrección de la población, para que sean estas las que se levanten y asuman la insurrección general y posterior toma del poder”. Justicia y Paz.
Tener a la guerrilla en las goteras de Bogotá demuestra la fragilidad del país y el gran riesgo de regresar al pasado y volver a vivir el asedio de las poblaciones. Se están haciendo trizas no solo las políticas de seguridad democrática y el Acuerdo de Paz, para volver a las décadas de los 90, donde vivíamos en un caos total, sino que los carteles están empoderados y la guerrilla, fortalecida.
LUIS FELIPE HENAO