El plan de desarrollo es el documento más importante de un gobierno: es la carta de navegación que describe los programas y metas que se pretenden lograr durante el cuatrienio. Aún más importante, el plan transmite la visión de país del Gobierno y sirve como guía para que la ciudadanía pueda medir el éxito de su gestión.
Esta semana, el Gobierno presentó el plan de desarrollo. La lectura de las bases del plan y del extenso articulado indica que las grandes líneas estratégicas coinciden con los elementos esenciales del programa de gobierno, especialmente en la importancia de proteger los activos ambientales. La economía popular y el ordenamiento del territorio también juegan un rol preponderante.
En cuanto a esto último, destaca la intención de consolidar el catastro multipropósito, una iniciativa del Conpes 3859 de 2016, que establece un plan de acción para la actualización catastral con el fin de identificar y caracterizar los predios en el país. Esta información es crucial para dar las señales económicas para el adecuado uso del suelo, uno de los retos más apremiantes en materia ambiental y agrícola.
Otro aspecto destacable es el enfoque en la política social. El país ha avanzado en la mejora del Sisbén, el instrumento que permite seleccionar de manera técnica a los beneficiarios de los programas sociales. El Sisbén IV, Conpes 3877 de 2016, fue esencial para crear el programa Ingreso Solidario y sirvió como base para crear el ‘registro social de hogares’, con el objetivo de combinar diferentes registros istrativos para mejorar la focalización de la política social.
El plan pretende continuar hacia la consolidación de un ‘registro universal de ingresos’ y, eventualmente, migrar hacia un sistema de declaración universal de renta. Mientras se consolida ese sistema, el plan plantea la creación de una ‘renta ciudadana’ que unifique los diferentes programas sociales, ojalá ampliando la cobertura y especificando reglas claras de salida para permitir el paso de la inclusión social a la productiva.
Hay algunos aspectos que vale la pena fortalecer. En primer lugar, la palabra Gini se menciona solo una vez en las 320 páginas de las bases del plan. Los economistas usamos el Gini para medir las desigualdades en una sociedad. Los altísimos niveles de desigualdad en Colombia, reflejo de profundas diferencias en el a oportunidades, ameritan una mayor relevancia en el plan de desarrollo. Es necesario fijar una meta trazadora de reducción del Gini de la distribución del ingreso y explicar cuáles serán los instrumentos para alcanzar dicha reducción.
En segundo lugar, el plan prevé un crecimiento económico del 2,8 % para el cuatrienio. Esta cifra es baja en comparación con el crecimiento económico del país en lo corrido del siglo XXI, que fue del 3,9 %. Este es un tema crítico, dado que el crecimiento es la fuente primordial de generación de empleo y de reducción de la pobreza. Un plan de desarrollo también debe ser aspiracional, preguntándose a qué ritmo debería crecer el país y cuáles son las estrategias para acelerar el crecimiento de forma sostenida e incluyente.
En relación con lo anterior, falta un mayor énfasis en las inversiones en infraestructura, que serán claves en un año de bajo crecimiento, como parece será el 2023. Esto requerirá una capacidad gerencial para poner en marcha el programa de obras 5G y ejecutar los recursos de regalías en proyectos de alto impacto, con el beneficio añadido de aumentar el crecimiento potencial de la economía.
Finalmente, en paralelo con el debate del plan se discutirán al menos tres reformas estructurales, como la pensional, la laboral y la de salud. Reconociendo la importancia de mejorar en estos frentes, es crucial que se tenga un diagnóstico claro y unas propuestas consistentes con el plan de desarrollo que, al mismo tiempo, permitan preservar la estabilidad fiscal. Ahí estará la clave para mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de todos los colombianos.
LUIS FERNANDO MEJÍA
Director ejecutivo de Fedesarrollo