El marchitamiento

Y finalmente lo logró. El gobierno Petro marchitó el sistema de salud, como fue su intención desde los nefastos días del Ministerio de Salud de la doctora Corcho. El Presidente lo había advertido: sin reforma o con ella, las EPS colapsarán.

Ya tres de las mejores, Sura, Sanitas y Compensar, demostrando un empresariado de alto sentido social, enviaron una comunicación al Gobierno explicando sus dificultades financieras y advirtiendo que si no se hace algo en su ayuda, comenzarán a retirarse del sistema a partir de septiembre. La primera reacción del Gobierno fue tratar la carta como un acto de insubordinación. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se tomó 20 días para responder; y si no se filtra la carta, probablemente seguiría en silencio, estando de por medio 13 millones de s.

Es cierto que la salud no debe ser un negocio. Pero como inevitablemente implica actividades financieras, a veces se producen utilidades y a veces pérdidas. Así fuera el Estado el que estuviera completamente a cargo de la prestación del servicio de salud, pues tendría que generar utilidades para mejorar calidad y cubrimiento. Y en cuanto a los privados, y no es que los márgenes de ganancia de una EPS sean exorbitantes, ¿qué estímulo tienen entonces para meterse en tal actividad? Si tienen que poner parte de su propio patrimonio para cubrir los huecos, seguramente invertirán en otro lado. Y eso es precisamente lo que está pasando.

Lo irónico es que en su carta, las EPS ofrecen salidas que las salvarían y que están al alcance del Gobierno, si este no estuviera mirando el tema de la salud de manera totalmente politizada.

¿Por qué llegaron a esta crisis financiera? Existe, claro, el componente inflacionario. El valor de las Unidades de Pago por Capitación, o UPC, el reconocimiento económico del Estado por la atención a un colombiano afiliado a una EPS, se calculó sobre la base de una inflación del 5 % y llegó al 13 %. Luego, la pandemia exigió invertir grandes sumas de dinero. Y superada, muchos de los tratamientos médicos que venían aplazados se reactivaron, no en una proporción del 3 %, como dice el ministro, sino hasta del 25 %, según dice Acemi. A eso sumemos que la liquidación de varias EPS que implicaron el traslado de esos s a otras EPS ha sido otro motivo de fuerte descarga, así como la incertidumbre que inspira este gobierno.

Curiosamente, el curtido ministro Jaramillo, que debería estar aprovechando la situación para demostrar sus habilidades políticas, está exhibiendo más bien una actitud de bipolaridad. Una cosa les dice a las EPS y otra le comunica a la opinión. El presidente de la Cámara anuncia que la semana entrante la reforma de la salud entrará de nuevo al orden del día; pero contradictoriamente, a partir de la semana entrante, habrá mesas técnicas Gobierno-EPS para discutir los temas claves en los que la carta referida sugiere que estaría la solución. Por ejemplo, en ajustar el valor de las UPC. Hoy solo se reconocen variaciones por sexo, edad y factores geográficos, pero las UPC deberían ser más altas para pacientes de alto riesgo o con enfermedades complicadas, para que el Estado no termine pagando lo mismo por un paciente con una gripa que por uno con cáncer. Otro tema clave es que el Gobierno se ponga al día en sus deudas con las EPS. Al mismo tiempo, las EPS podrían, con creatividad de ambas partes, concertar con el Gobierno ampliar la prestación de sus servicios a las zonas apartadas donde no hay cubrimiento o calidad, repartiéndose, por ejemplo, por regiones.

Es increíble cómo hasta hace muy poco los colombianos teníamos un horizonte tranquilizador en cuanto a la calidad y cobertura de nuestro sistema de salud, que, sin exagerar, es la única gran realización de nuestro Estado social de derecho. Si comparamos con el punto de partida, cuando apenas máximo un 20 % de colombianos podía acceder a servicios médicos, en el 2022 la cobertura ya era del 98,81 %. No negaremos la frase de cajón de que hay muchas cosas por mejorar, pero el temor es que el buen sistema de salud que conocemos está colapsando, cuando el Gobierno tiene todo en sus manos para enderezarlo.

Pero si la respuesta va a ser, como dijo el ministro, que EPS en riesgo de quiebra pues que se quiebre y que el paciente acuda directamente a clínicas y hospitales, que el Estado se encarga de pagar su tratamiento, la situación se vuelve insostenible. La facturación no tendría el auditaje que hoy ejercen las EPS y no creo que los pacientes sean recibidos así como así en una IPS porque un Estado inepto les prometa que va a pagar por su atención médica.

Así, sigue implacable el marchitamiento de las EPS, cuya estrategia es la del castillo de naipes: EPS que se caiga cae sobre otra y esa otra sobre otra, y así sucesivamente…

MARÍA ISABEL RUEDA

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