Energías limpias en problemas

La oposición a los proyectos minero-energéticos ha crecido en el país con una fuerza sorprendente. Casos como el del proyecto minero en Jericó, Antioquia, y el de una nueva línea de transmisión –necesaria para darle más seguridad al suministro de electricidad al nororiente de Bogotá–, frenada en instancias judiciales, ilustran esta situación.

Historias como estas abundan. Todavía está fresca en la memoria la consulta que acabó con las posibilidades de desarrollo de la minería de oro en Cajamarca, Tolima. A su turno, Isagén anunció que no insistiría en el proyecto hidroeléctrico de Cañafisto, que utiliza las aguas de la quebrada Sinifaná, en el departamento de Antioquia.

Desde hace cuatro años, el Cerrejón adelanta un proceso de concertación con las comunidades que permitiría aumentar la producción de la mina, pero que cada vez luce menos probable. Todo indica que el carbón está en franco retroceso: la producción llegó a un pico de 91 millones de toneladas en 2017 y este año no pasará de 70 millones de toneladas. Si las cosas siguen como van, muy pronto será todavía menor. El país debe prepararse para la reducción del empleo y los ingresos fiscales del carbón. Una forma de hacerlo es asegurarse de que los proyectos de energías renovables beneficien las zonas que se verán más afectadas.

Sin embargo, las estrategias legales que han descarrilado tantas iniciativas también pueden volverse contra los proyectos de energías limpias que se necesitan con urgencia.

Un buen ejemplo es lo que está ocurriendo con la línea de transmisión que servirá de colector de los nuevos proyectos de energía solar y eólica en La Guajira. Algunas comunidades argumentan que los proyectos solares pueden afectar el hábitat de los animales que transitan por el desierto y que están en peligro de extinción, o que las nuevas torres de energía eólica –más altas y potentes que las existentes– cambian el sentido del viento y pueden poner en peligro ciertas especies aviarias.

Para tramitar estas preocupaciones, se requiere un proceso de consulta previa, sin el cual no puede expedirse la licencia ambiental. Resulta paradójico, por decir lo menos, que en pleno apogeo de las plataformas virtuales, la Procuraduría haya frenado el proceso por seis meses, argumentando que las sesiones debían ser presenciales. Solo recientemente se autorizó realizar ciertas actividades por medios digitales.

Colombia no puede darse el lujo de perder tiempo. Esta energía es indispensable para cubrir la demanda en 2022. Además, el cambio climático ha hecho difícil de predecir el régimen de lluvias. La sequía que generó el Niño en 2015 y 2016 nos puso a un pelo del racionamiento, algo que no puede volver a pasar. A esto hay que sumar la necesidad de impulsar la economía, con proyectos que generen empleo –sobre todo en el Caribe, tan afectado por el covid-19 y con un alto flujo de inmigración venezolana–.

No existe una solución simple, pero hay varias acciones que el Gobierno puede tomar para frenar las tácticas dilatorias. Primero, debe asegurarse de que todos los trámites, incluyendo las consultas previas, siguen calendarios razonables. Segundo, a la hora de evaluar estos proyectos se deben analizar todas sus consecuencias, incluyendo la reducción de emisiones y la mayor seguridad energética para el país. Tercero, se debería permitir que la licencia ambiental pueda avanzar sin que haya concluido la consulta previa.

Pero lo más importante es acabar con la práctica de negociación para lograr ‘compensaciones’ proyecto a proyecto. Los problemas del desarrollo de las comunidades se deben resolver con proyectos de inversión pública, incluyendo la que se realiza con los recursos de las regalías.

El proceso de licenciamiento es cada vez más costoso, lento y susceptible de litigio. Los activistas verán los golpes a los combustibles fósiles como una victoria. Pero si no se mejoran los procesos de licenciamiento, las inversiones en energía limpia podrían ser las próximas víctimas.

Mauricio Cárdenas