Indefensión ciudadana

Hace 20 años empecé a investigar la relación entre armas de fuego y seguridad ciudadana. Es desolador confirmar, una y otra vez, que la violencia es cíclica, secular, parte del ADN nacional y por eso hice una larga pausa antes de escribir sobre esto de nuevo, pero las cifras de criminalidad rampante son tan contundentes que no dan plazo: algo en la política criminal anda muy mal y antes de que se imponga la ley del Talión, que, como dijo Gandhi, dejará al mundo ciego, esa política requiere un viraje radical.

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Por ejemplo, mientras se vendió que prohibir el porte legal de Armas de Fuego (AdF) sería la solución, luego de cinco años continuos de veto estricto al porte, no solo abundan como nunca, sino que en dos décadas jamás vimos tal sevicia, homicidios (salvo una breve caída del primer bimestre anunciada ayer), comercio y uso ilegal de las AdF tan vigoroso como ahora. Eso ni salió bien ni funcionó.

Las cifras son elocuentes: 60 % de incremento en uso de AdF por delincuentes, disponibilidad ilimitada, nuevos modus operandi de carteles foráneos y locales, rivales de microtráfico, minorías de inmigrantes con violentas costumbres delictivas y algo que no debe pasarse por alto: mientras que en los 80 y 90 el 97 % de los homicidios sucedían en el suroccidente bogotano, algunos en suroriente y esporádicos en centro sur y nororiente, ahora homicidios y hurtos armados suceden en Kennedy como en Chapinero, Tibabuyes como en Mártires. Se atomizó en Bogotá y en el país entero, con delincuencia flagrante e impune.

A la fecha, el Departamento de Control Comercio Armas (DCCA) registra 730.000 armas de fuego en manos de particulares, de las cuales 160.000 son de empresas de vigilancia y así, en el país uno de cada diez mil habitantes tiene un arma legal y uno en cien mil, derecho especial de porte. ¿Alguien insiste en que las armas legales son las causantes de la criminalidad rampante, o en la eficacia de las políticas actuales? Y otra cifra nada despreciable que prueba la entrada incesante de AdF: el DCCA ha fundido cerca de 600.000 AdF ilegales. ¿Cuántas hay? ¡Millones, ilegales y sin control!

Como dijo John Mill, “Contra un gran mal, un remedio pequeño no produce un pequeño resultado, no produce ningún resultado”, el viraje debe ser radical e inmediato. Una combinación de endurecimiento de las penas por porte ilegal, con una pena mínima inconmutable de prisión, no permitiendo ningún beneficio de ejecución de pena, sumado a la implementación por el DCCA de la “huella digital” de armas.

Generar un armisticio entre ese país violento y el que anhela vivir en paz, para que en un término fijo se registren armas ilegales sin penalidad. Nueva York en los 80 lo logró con un esquema similar y Bogotá había logrado doblar la curva del crimen, pero las nuevas dinámicas criminales desbordaron la capacidad y programas de la alcaldía y del país.

No dudo de que si se convoca a gremios y empresarios, a la sociedad entera a que apoye y financie una campaña de desarme, a cambiar armas por mercados, a comprarlas para fundirlas, habría completa solidaridad. ¿Qué esperamos?

Debemos asimilar los nuevos paradigmas delincuenciales y regular con ponderación, sin favorecer que la ciudadanía ejerza la delgada línea que plantea la legítima defensa, como bien explica el artículo del penalista J. Lombana publicado en este diario, que advierte los límites y riesgos de ejercerla, mientras en paralelo se le saca de la indefensión que le subyuga, o esta se defenderá a sí misma con los resultados que vemos in crescendo.

Cierre: Votemos, por quien sea, pero a conciencia, con sindéresis y cautela, por propuestas realistas que en verdad puedan lograr un mejor país. Quien no vota pierde el derecho a quejarse. Para Cámara, mi voto será por Julia Miranda.

MAURICIO LLOREDA