Volver a barajar

Las masacres criminales y arteras de los niños indígenas en el Putumayo y de nuestros policías en Tibú no pueden justificarse para salvar las negociaciones y deben tener consecuencias jurídicas y militares. Pero también es una oportunidad de volver a barajar y recomponer la estrategia general de las negociaciones de paz y de la seguridad pública, en medio de esas escasas oportunidades en la política en que se puede patear el tablero sin recular ni aparecer como mal perdedor. Si el cese al fuego inmediato no es viable por la degradación de la guerra, otras victorias tempranas sí pueden aliviar el sufrimiento de los colombianos.

Comienzo por la oportunidad de recomponer las relaciones con las Fuerzas Armadas. La constante estigmatización de su rol en la defensa de la democracia, el hostigamiento a la reserva activa y el ilógico retiro de los cuadros más experimentados confirmaron lo que presagiaban de un gobierno pendenciero que llegaba a ajustar cuentas.

Sin saber leer la importancia que para soldados y policías significan el honor y la lealtad a las instituciones, el Gobierno pensó que todo se solucionaba con plata, que es lo más cercano a decirles que tienen precio. Con la crisis de seguridad que ha hecho metástasis en el país, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas no debe verlo el Gobierno como una opción binaria frente a la negociación, sino el camino más corto para que esta pueda tener éxito, y eso exige un relacionamiento basado en la confianza y un respaldo político decidido a sus integrantes. Es el momento de anunciar una estrategia de recuperación de los territorios para potenciar la vida, una campaña militar para lograrlo, una alianza con la Fiscalía que incremente la judicialización efectiva y un reconocimiento de su rol en la sociedad colombiana.

Por otro lado, la opción de la negociación con los grupos guerrilleros tiene sentido solo si está estructurada para ponerle fin al conflicto armado y si sirve para preservar vidas humanas. Eso implica un horizonte en que la gente pueda ver, así sea lejos, un mapa hacia la entrega de las armas y la reparación de las víctimas. En el caso del Eln, la negociación es para la guerrilla la continuación de la guerra por otros medios, pues, a diferencia de anteriores procesos como el del M-19, que tenía claro su tránsito a la política, o aquel de las Farc, cuya negociación fue consecuencia de su derrota militar, este no ha tomado la decisión de dejar las armas y se ve a sí mismo en un cogobierno en sus zonas de influencia con su estructura armada intacta.

Tampoco la derrota militar será a la vuelta de la esquina mientras tenga una retaguardia estratégica y santuario en Venezuela. Una nueva batería de incentivos y castigos es posible si el Gobierno sale a buscar aliados en la sociedad, es más abierto y transparente, explica más y se pone en la tarea de lograr consensos sin la gayola de un cese del fuego chambón que solo sirve a los violentos.

En las negociaciones debería el Gobierno volver a priorizar los objetivos estratégicos y tener muy clara la mejor alternativa a la salida negociada si esta fracasa. La comunidad internacional es más útil si deja su papel soporífero de acompañamiento y se le pide profundizar la presión contra el uso de la violencia armada hacia la población civil, como en estos momentos. Unos acuerdos parciales de vigencia inmediata en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario sería un camino. Con un equipo técnico más robusto, el Gobierno tendría a la mano opciones más creativas en la mesa. La prioridad para que el proceso gane legitimidad a pocos meses de elecciones es el cese de hostilidades contra la población civil.

De tantos frentes de guerra que ha abierto el Gobierno, paradójicamente en los más enredados hay un chance de volver a barajar y ganar una partida que estaba perdida desde que repartieron juego.

JORGE MARIO EASTMAN

Ex Alto Comisionado Adjunto para la Paz y Viceministro de Defensa.