El peligroso camino de la radicalización

El presidente Petro optó por el camino más difícil y traumático: abandonar la propuesta del “Acuerdo Nacional”, para radicalizar la gestión política del Gobierno. En el momento en que todos los sectores de la sociedad habían comprado la propuesta presidencial y de distintas maneras habían expresado su disposición, el mandatario decide descartar cualquier acuerdo con las fuerzas políticas presentes en el Congreso. Y menos una alianza con el empresariado, los gobiernos territoriales y la sociedad, que le habría permitido reducir la conflictividad política y social que vive el país, y alistar el terreno para viabilizar sus reformas.

(También le puede interesar: El efímero poder del Twitter)

Primero, Petro decide forzar a los congresistas en el camino de sus reformas, al ordenar a la ministra del Trabajo la presentación del proyecto de reforma laboral ante el Congreso, sin avisar a nadie (incluso a la coalición del Pacto Histórico). Luego endurece el discurso contra el empresariado, al irse lanza en ristre contra este sector acusándolo de haber sacado partido del conflicto armado para engrosar sus arcas con activos muy productivos arrancados a los campesinos. Enseguida, da una muestra de fuerza, decisión y desprecio por sus opositores, al posesionar a Laura Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social. Y al tiempo que afirmaba que “mientras más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes” (que obligó al presidente del Senado a pedirle respeto a Petro), ordena que se publique el decreto que promueve la “movilización y organización campesina por la reforma agraria’’, como un mecanismo para “convocar a las bases populares que eligieron a este gobierno para que defiendan y promuevan sus políticas sociales y la reforma agraria”.

¿Qué significa que el Presidente haya optado por la radicalización política? Lo primero es que cierra los espacios de diálogo y de acción legislativa con el Congreso. Esto significa que sustrae al Gobierno de gestionar su agenda legislativa en Senado y Cámara, dejándolo como un espacio vacío que simboliza cómo los partidos del establecimiento han bloqueado las reformas del Gobierno. Sin referencia al ámbito legislativo, el Gobierno va a volcarse por completo a las calles. No será raro ver los consejos de ministros convertidos en asambleas populares en las que “el pueblo sea partícipe del Gobierno” o al Presidente y sus ministros participando en cabildos abiertos.

El mayor clima de incertidumbre política que provoca ese escenario frena por completo el crecimiento económico. La inestabilidad para la tasa de cambio vuelve a escena, propiciando una rápida devaluación de la moneda, lo que se traducirá en una mayor presión inflacionaria. El Banco de la República no tendrá otra opción que endurecer aún más su política de elevar las tasas de interés. Esa situación, sumada a la incertidumbre regulatoria en las empresas, provocada tanto por las reformas laboral y de la salud como por los anuncios de control tarifario a las empresas de energía eléctrica y cierre de los proyectos de exploración petrolera y minera, terminará agravando la situación de la economía colombiana y los principales indicadores de producción y empleo.

Desde el punto de vista institucional, la decisión presidencial de optar por la radicalización abre un gran interrogante sobre lo que sucederá con el equilibrio de poderes y la gestión de las Fuerzas Armadas. El Presidente va a tener que controlar muy bien lo que dice o hace con respecto a las acciones y decisiones que toman los demás poderes públicos con respecto a sus decisiones de gobierno. Abandonar la opción de construir un acuerdo, para optar por un camino que favorece la confrontación política, significa llevar las tensiones políticas y sociales hasta un grado en que los espacios de la deliberación política se convierten en el terreno que polariza a los que están a favor y los que están en contra del Gobierno. Pero en un periodo electoral, el palo no está para cucharas.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional