Reinos de taifas

La expresión ‘Reinos de taifas’ describe a los pequeños Estados que aparecen cuando un Estado se desintegra y se fragmenta su territorio. Conforman una constelación de micropoderes separados por fronteras cuya pugnacidad impide cooperar entre ellos, y los debilita hasta su desaparición. Es lo que sucedió en el año 1031 con la destitución de Hisham III, que marca la caída del califato de Córdoba (en la península ibérica) y la posterior aparición de pequeños Estados independientes que, por estar sometidos a los intereses de sus gobernantes y sus luchas internas, se olvidaron de su supervivencia y desaparecieron.

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‘Reinos de taifas’ es la expresión que mejor dibuja la realidad del gobierno Petro: una constelación de ministerios y entidades públicas que, con un par de excepciones, se ha convertido en una malla de pequeños reinos independientes sometidos por una multitud de ansias de poder y enfrentamientos, que no solo han impedido que puedan cooperar entre sí, sino que los ha debilitado hasta llevarlos a su máximo nivel de incompetencia.

Hoy, la capacidad de los ministerios para estructurar las políticas es tan débil que ya ni siquiera está orientada a la solución de los problemas. Ahora atienden las iniciativas que a diario se le ocurren al Presidente. La presión por responder a cada iniciativa o compromiso adquirido hace que nadie tenga tiempo o disposición para planear hacia el futuro. El escaso nivel de preparación de los altos funcionarios los arrastra y consume en el trámite de asuntos istrativos (contratación de personal, firmas de permisos a los empleados o presidiendo juntas o comités a los que no tiene que ir, pero por desconfianza lo hace). Si se presenta alguna dificultad, se señala como un problema que viene del pasado. No importa que vayan a completar dos años al frente de las entidades.

Los cambios frecuentes en los altos niveles ministeriales han agotado la capacidad para planear, ejecutar y controlar las políticas públicas. No hay un enlace ascendente con las estrategias sectoriales o las macropolíticas, ni conexión con los niveles territoriales. La desestructuración es tal que los procesos presupuestales quedan sometidos a los dictados de la necesidad inmediata o la presión de turno. Ya no vale ninguna ley, ni tiene sentido ordenamiento jurídico alguno. Creen que la planeación presupuestal, sobre la que se había erigido el uso de las vigencias futuras, puede ser sustituida por la priorización de los compromisos inmediatos del gobernante de turno. No hay necesidad de que los presupuestos se articulen con los planes, ni que se adecuen a las necesidades de la istración central y descentralizada.

Como no hay políticas que convertir en resultados gubernamentales, las oficinas viven desiertas. No hay quien atienda ni responda por lo que se requiere. La desconexión entre los equipos de dirección y los mandos medios de las entidades provocó un vacío de poder que fue llenado por séquitos de asesores que (sin conocimiento) toman las decisiones de la operación interna. Lo que en el pasado era “una falta general de delegación de autoridad y funciones dentro de las instituciones del sector público” ahora es la realidad de los micropoderes de los asesores.

La gestión de las empresas públicas también ha quedado atrapada en el régimen de poderes informales impuesto por Petro. Los procesos de información, planificación y evaluación, revisión del presupuesto, nominación de gerentes y participación en las juntas directivas están sometidos a los dictados del poder presidencial y sus ocasionales emisarios. A sus niveles altos solo llegan los “amigos”, sin importar qué tan capacitados puedan estar o no.

Como los ‘Reinos de taifas’, el Gobierno ha terminado encerrado y sin territorio. Regido por una multiplicidad de micropoderes cuyas luchas intestinas le han impedido cooperar o (por lo menos) que se coordinen, llevándolo a su máximo nivel de incompetencia e, incluso, amenazando con su desaparición.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular, Facultad de Ingeniería Universidad Nacional