En un país donde menos del 25 % de la población logra pensionarse, imaginar hacerlo 15 o 20 años antes de la edad legal parece un sueño imposible. Sin embargo, gracias a las reglas del sistema pensional establecido en los años noventa por la Ley 100, más de 24.000 colombianos disfrutan de este privilegio.
Recientemente, en un pódcast escuché: "Nuestro sistema pensional está diseñado para que la gente no se pensione". Esta frase resalta un dilema: por un lado, el derecho fundamental de los colombianos a recibir una pensión y, por otro, la necesidad de recursos suficientes para financiarla. Y este es, quizá, el desafío más grande que tenemos: nuestro sistema no cuenta con una fuente sostenible y predecible de recursos para el futuro.
El problema se agrava por dos factores medidos y proyectados por el Dane: primero, para septiembre de 2024, el 56 % de los colombianos en edad productiva trabaja en la informalidad, sin aportar a salud ni pensiones. Segundo, para 2050, Colombia tendrá 117 adultos mayores por cada 100 jóvenes. Este panorama limita severamente la sostenibilidad del sistema pensional en el tiempo.
Lo cierto es que la Ley 100 introdujo un mecanismo que otorga estabilidad a través del sistema de capitalización individual, istrado por los fondos de pensión. Este sistema permite que los aportes se inviertan y generen rendimientos a largo plazo, lo que resulta en una alternativa sostenible para los colombianos. Un factor clave para que este capital crezca a mayor velocidad son los beneficios tributarios disponibles, como los aportes voluntarios a la pensión obligatoria. Estos aportes, deducibles hasta el 30 % del ingreso laboral o 3.800 UVT al año (aproximadamente $179 millones en 2024), pueden ser una herramienta poderosa si se saben usar estratégicamente.
En mi caso, comencé a trabajar mientras estudiaba en 2003 y continúe cotizando hasta 2012, cuando realicé estudios de posgrado que generaron un "hueco" de dos años en mis cotizaciones. Al retomar mi trabajo, mis aportes se incrementaron gracias a una mejor posición laboral. Más adelante, cuando trabajé en el exterior, continúe aportando al sistema colombiano como residente en el extranjero.
La Ley 100 introdujo un mecanismo que otorga estabilidad a través del sistema de capitalización individual. Sistema que permite que los aportes se inviertan y generen rendimientos a largo plazo.
A mi regreso a Colombia en 2020, aproveché el beneficio de los aportes voluntarios a pensión obligatoria que mencioné anteriormente. Solicité al equipo de nómina de mi empresa que mensualmente destinaran un porcentaje de mi salario a este fondo. Este hábito disciplinado marcó la diferencia, pues estos aportes se convirtieron en un pilar fundamental para lo que vendría.
Para agosto de 2024, había acumulado más de 900 semanas cotizadas y un capital significativo, lo que me permitió tomar decisiones autónomas sobre mi futuro. Gracias a ello, pude considerar y finalmente optar por la pensión anticipada.
Lograr la pensión anticipada requiere financiar al menos el 110 % de una pensión de salario mínimo. Una vez la AFP en la que tienes tu capital te confirme que has cumplido este requisito, puedes solicitar la comparación entre dos modalidades de pensión disponibles: Retiro Programado y Renta Vitalicia. Cada opción tiene ventajas y desventajas, y elegir la más adecuada dependerá de tus objetivos financieros.
Finalmente, es importante señalar que construir pensiones sostenibles es una opción viable solo para quienes están cubiertos por el Régimen de Transición y tienen su capital en una AFP. La reforma pensional de 2024 eliminó la posibilidad de acceder a la pensión anticipada fuera de este esquema. Por ello, quienes estén considerando trasladarse de un fondo privado a Colpensiones deberían evaluar también esta alternativa, que podría ofrecerles una solución más adecuada a sus objetivos.
* Fue presidenta de una AFP en Colombia entre 2020 y 2024.